Jueves, Octubre 24, 2019
   
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La anulación de unas 'escuchas' deja sin prueba la acusación contra dos policías

El tribunal de la Audiencia ha atendido la petición de las defensas, en base a jurisprudencia reciente, en un asunto en el que las sospechas surgieron por una conversación registrada en una operación por otro asunto (el 'caso Cala Cortina'). El juicio se ha celebrado, pero todo apunta hacia la absolución del delito de falsedad documentada, pues se les acusaba de 'endosar' a una persona parte de la droga incautada a otra. El juicio se ha celebrado, culminando en las conclusiones con un fugaz debate entre fiscal y un abogado defensor sobre 'las manzanas podridas'.


El origen de este asunto se sitúa en la madrugada del 19 de junio de 2014, cuando los dos policías nacionales interceptaron en las inmediaciones de la rotonda de la gasolinera de Los Mateos a una persona, a la que le incautaron cigarrillos de droga. Era la una  y tres horas más tarde llevaron a cabo una segunda denuncia por posesión de sustancias estupefacientes.

Se trata de un relato que entra dentro de la normalidad si no es porque el área de asuntos internos de la Comisaría de Cartagena tramitó denunció que se podría haber cometido una irregularidad en base a lo que habían escuchado en las grabaciones que se llevaron a cabo a diversos agentes con motivo del 'caso de Cala Cortina'.

El asunto entró en la vía judicial por el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena y esta mañana ha llegado a la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial. Antes de comenzar, el abogado Ángel Galindo ha pedido la nulidad de las escuchas en base a una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2014, "pues esas escuchas no debieron afectar a personas ajenas a la base de la autorización judicial", incidiéndose que este proceso "nace y muere en las escuchas, pues no hay denuncia por parte del segundo hombre al que aprehendieron droga ni tampoco investigación alguna". El abogado de JLS se ha adherido a esta petición, mientras que el fiscal se ha opuesto: "Es cierto que existe esa sentencia del TC pero con unas circunstancias, no como 'patente de corso'. En este caso no se está vulnerando derecho alguno y sí se trata del descubrimiento de un delito flagrante", ha expuesto.

El tribunal, integrado por Jacinto Aresté como presidente y los magistrados Matías Soria y Juan Ángel Pérez, se ha retirado entonces a deliberar, regresando poco después para exponer que se estimaba la nulidad de las grabaciones, haciendo referencia "a una sentencia más reciente dela sección primera de fecha de abril de 107 sobre grabaciones ambientales", apuntando que no cabe recurso hacia esta resolución.

El panorama ha cambiado de forma radical, como se podía observar en los rostros, con evidente decepción en el fiscal y satisfacción por la otra parte. Aunque la principal (y única) prueba de cargo ya no existía, el juicio se ha celebrado.

JS, quien ya no forma parte de la Policía Nacional tras la sentencia por el caso Cala Cortina, ha sido el primero en declarar, indicando que sólo lo haría a preguntas de su abogado, José Antonio Prieto. Ha explicado que los datos de las actuaciones se apuntaban en una libreta, pues no llevaba los documentos, y que se le invitaba a los afectados a pasar después por Comisaría a recoger la copia del acta. También que después, en la sede policial, entregaban una bolsa grapada con la droga incautada y que era un compañero el que procedía a su pesado. "Así era el funcionamiento", ha dicho, además de aseverando que las cantidades reflejadas se corresponden con la realidad. JB se ha pronunciado de forma similar a preguntas del letrado Ángel Galindo, añadiendo que si no hubiesen coincidido las cantidades "me hubiesen llamado para verificar las incautaciones".

Dos fueron las personas intervenidas esa madrugada con droga. La segunda de ellas está incapacitada y no ha sido citado. Respecto al otro, ha comentado que le cogieron los datos y que no le dieron copia del acta. También ha dicho que los porros no iban elaborados y que le dieron un guantazo. Después ha pasado a declarar un funcionario de Comisaría, quien ha explicado como llegó la denuncia, pero apenas ha sido preguntado al advertir el tribunal al fiscal que no podía seguir en la línea de preguntas relacionadas con las 'escuchas', al estar anuladas.

Se ha cerrado la vista en la Audiencia cartagenera con las conclusiones. El fiscal ha manifestado que sostiene la acusación, por la que pide seis años de prisión para cada uno por un delito continuado de falsedad en documento oficial, pero reconociendo que ha quedado "muy coja la prueba. "El testigo ha dicho que no se levantó el acta administrativa cuando fue interceptado, pero seguimos convencido que esa cantidad la repartieron endosando a uno la marihuana y a otro el hachís". En su exposición ha comentado la importancia de "apartar las manzanas podridas de un cuerpo tan noble como es la Policía Nacional, pero se hace difícil justificarlo, lo que defrauda a todos". A este comentario le ha respondido, durante su turno, el abogado José Antonio Prieto diciendo que no ha sido apropiado lo que ha dicho sobre 'manzanas podridas': "Suena muy mal. En todas las profesiones, todos podemos cometer errores, pero no por eso somos 'manzanas podridas'. En este caso sólo existen meras presunciones surgidas por las dichosas escuchas". El letrado Ángel Galindo, por su parte, ha manifestado que no existió investigación policial alguna en este asunto "más allá de las escuchas" y que no existe prueba alguna contra los investigados. Ambos han pedido al tribunal, como es obvio, la absolución de sus clientes.

 

 

 

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