Miércoles, Noviembre 21, 2018
   
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Historias de Alumbres (XX): Hace 200 años tuvo ayuntamiento (2ª etapa)

El coronel Rafael del Riego se encontraba en Cabezas de San Juan (Sevilla) al frente de una compañía esperando su marcha hacia la guerra en las colonias americanas, cuando el 1 de enero de 1820 decidió sublevarse y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812, y con el apoyo que la oposición liberal le dio en las ciudades y la actitud pasiva del ejército descontento, el Rey Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución el 10 de marzo de 1820 “…he jurado esta constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo…Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional.”                                                      

Comenzaba así el llamado Trienio Liberal 1820-1823 y se volvían a instalar los ayuntamientos que en 1814 fueron disueltos. El Ayuntamiento de Alumbres fue restituido y Antonio Valero y los regidores del anterior Ayuntamiento Constitucional fueron designados de forma interina con la misión de promover elecciones municipales.

En la sesión del 29 de abril se nombra la corporación surgida de las elecciones, que sólo tienen mandato hasta final de año: Alcalde, Antonio Barcelona; Regidores, Antonio Valero, Francisco Martínez, Domingo Martínez, Ginés González, Francisco Luengo y Francisco Pérez; Síndico, Fernando de Mula. En 1821 el alcalde fue José Nondedeu, en 1822 Juan Gómez y en 1823 Francisco Avilés.

Esta nueva etapa del Ayuntamiento de Alumbres comenzará como terminó la anterior, sin medios económicos con los que afrontar los mínimos gastos, y con el agravante de que el Ayuntamiento de Cartagena no tardó en comunicar al de Alumbres que “…sólo habrá una Tesorería General.” Así en la sesión de la corporación de Alumbres del 1 y 2 de abril de 1821 se dice que “…no hay fondos para evacuar correspondencia”, y que “…la escuela carecía de maestro porque éste se había despedido al no recibir sueldo.” Más adelante se volvería a tener maestro de escuela.

En la sesión del 21 de junio de 1821, se acuerda informar a la superioridad de que se ha formado la Junta de Sanidad pero que se carece de medios económicos para sufragar los gastos.
Y no es de extrañar que la situación económica fuese caótica, el listado de deudores de Propios, de dueños de tierras y otros, en diciembre de 1820 era de 114, por lo visto eran muy pocos los que pagaban contribuciones y demás impuestos.

En noviembre de 1820 se mandó crear la Milicia Nacional Local, en cumplimiento de la real orden de 2 de octubre, “…sin que ningún pretexto pueda servir de excusa…” por lo que tuvieron que pedir al Ayuntamiento de Cartagena 100 fusiles para poder dotarlos de armas, y ello a pesar de las lamentaciones de la corporación que según decía, sólo podían contar con 26 útiles de 190 hombres que había en el pueblo.
No eran muchos los que aceptaban ser reclutados sin oposición, por lo que siempre había varios que reclamaban por alguna circunstancia personal o familiar con la que le dieran por no apto. Así Francisco Gómez reclama que él no da la talla, porque lo midieron con mucha cabellera, y efectivamente, ”…una vez cortado el pelo y habiéndose medido de nuevo a vista de todos los mozos se ha dado por falto de talla…”
Otros en cambio no consiguieron su objetivo, a pesar de alegar situaciones familiares complicadas.

Pero los asuntos a resolver en Alumbres se multiplicaban y los problemas que tuvo que afrontar esta corporación innumerables, algunos bastante desagradables para los responsables del Ayuntamiento, como el de tener que enviar informe de embargo al ex alcalde Antonio Valero por deudas tributarias en 1822, o el de la segregación del Algar.
En sesión celebrada en la tarde del 5 de abril de 1821en casa de Bartolomé Benzal, vecino del Algar, adonde se había desplazado todo el Ayuntamiento de Alumbres, y con la presencia del  Alcalde 1º de Cartagena portando el expediente promovido por los vecinos del Algar, se dio lectura al escrito siguiente: “Diputación Provincial de Murcia, 14 de marzo de 1821, vista la presentación de José Ruiz y otros vecinos de la población del Algar, feligresía y término del Ayuntamiento de Alumbres y partido de Cartagena en que solicita la formación de Ayuntamiento con arreglo al Artº. 310 de la Constitución acreditando con certificación del cura de aquella iglesia D. Ignacio González hallarse en esta población y su comarca o diputación el número de 245 vecinos con 1011 almas, solicitando al mismo tiempo se haga extensivo su término a la diputación de San Ginés que se halla al levante del Algar cuya población está situada en el intermedio de las demás sujetas al Ayuntamiento de Alumbres y enterada la diputación acordó dar comisión al Alcalde 1º de la ciudad de Cartagena D. Nicolás Martínez Fortun, quien con el comisionado que elija forme expediente quedando suficiente número de almas para la existencia del Ayuntamiento de Alumbres, separadas las que contenga las dos diputaciones del Algar y San Ginés, procediendo a la instalación de Ayuntamiento en El Algar…”

La corporación alumbreña estuvo en contra de  la separación del Algar desde el primer momento, así que cuando días después la Diputación Provincial le mandó un oficio reclamándole la mitad de las dietas del comisionado para la instalación del Ayuntamiento del Algar, el Alcalde de Alumbres le contestó”…y en su vista debe manifestar a V.E. que por lo que respecta a que por la división del término satisfaga este pueblo la mitad de las dietas que tocan al comisionado, le hace presente no estar en disposición los vecinos a pagar nada por la infelicidad en que se encuentran…”. Parece que costó asumirlo, pero poco a poco se fueron enfriando los ánimos y cada cual se dedicó a lo suyo.

Otro asunto delicado que tuvo que abordar el Ayuntamiento en esta nueva etapa, sobre todo después de la separación del Algar, es el absentismo de los regidores, de manera que el jefe político provincial llega a acusar al Alcalde de Alumbres de que en un mismo día todos los miembros estuvieron ausentes, y apercibe de multas si vuelve a suceder. A tal punto llegó el absentismo que  se dispuso en el acta de la sesión del 14 de septiembre de 1821  “…que el individuo que falte al Ayuntamiento los miércoles sin comunicarlo y sin licencia se le multe con 4 ducados y en los días que sean extraordinarios deben dar cuentas.” Pero más adelante hubo de volver a actualizar
Además, el Alcalde tenía que realizar sesiones de conciliación para que se pudieran aceptar a trámite las denuncias de lo civil, sin cuyo requisito no se admitían denuncias en el juzgado, y para la realización del trámite conciliador en 1820 en Alumbres, se habían fijado los lunes.

Un hecho histórico relevante es el de la Lápida de la Constitución. El día 15 de agosto, víspera de San Roque, Patrón de Alumbres, la lápida que había sido realizada en Cartagena, es paseada por las calles de la ciudad tirada por una carreta y escoltada por la Milicia Nacional Local y fue llevada hasta Alumbres, donde se colgó en la fachada de la iglesia al día siguiente, enmarcada en un ambiente festivo generalizado que duró hasta altas horas de la noche.
Sin embargo, los gastos de la lápida y los festejos trajeron como consecuencia un cruce de acusaciones entre el médico del pueblo Fernando Jiménez –que había sido el responsable de encargar la lápida y de organizar los festejos- y un extranjero afincado en Alumbres llamado Nicolás Robado que les llevó a dirigir escritos al Alcalde y finalmente parece que a los tribunales.
Según la relación de gastos que presentó Fernando Jiménez al Alcalde en un escrito con fecha de 17 de agosto “Incluyo los 4 recibos  por los que demuestro haber gastado en solo la lápida y su adorno veinte y tres  duros y nueve reales, de los que rebajados 4 duros, única cantidad que he recibido resultan gastados de mi bolsillo 19 duros y 9 reales, sin contar más de ocho duros en viajes que he hecho con solo el fin de llevar a efecto la colocación de la lápida.”

Finalmente tras la intervención de “Los cien mil hijos de San Luís” mandados por el Duque de Angulema en nombre de las potencias europeas, con el único fin de devolver a España al absolutismo, el 30 de septiembre de 1823, Fernando VII firmó un decreto en el que entre otras cosas decía: “Declaro en mi libre y espontánea voluntad, y prometo bajo la fe y seguridad de mi real palabra que si la necesidad exigiese la alteración de las actuales instituciones políticas de la monarquía adoptaré un gobierno que haga la felicidad completa de la nación afianzando la seguridad personal, la propiedad y la libertad civil de los españoles”.
Luego se vería que todo era mentira, y al igual que en 1814, vendría la despiadada represión contra todo lo que oliera a liberal, demostrando una vez más que su palabra carecía de dignidad.
Sin embargo, la última reunión del Ayuntamiento de Alumbres lleva fecha de 18 de octubre de 1823, y es natural, no solo por lo que tardaban las noticias en llegar, sino porque había que cumplir con las obligaciones hasta que la superioridad ordenara el cambio.


 

Presunto infractor

Cuando la presunción del incumplimiento de las normas y las leyes se convierte para nuestras autoridades en una certeza, mal andamos en esta cada vez menos sociedad democrática.

En un estado de derecho, cuando un ciudadano incumple alguna de sus normas (y es pillado, claro), tiene que pagar una sanción, ya sea con algún tipo de indemnización, multa y/o la cárcel, según los casos. Lo que no es tan normal es que se presuponga que todos los ciudadanos van a infringir la norma/ley, y por lo tanto al ser todos 'culpables' se les imponga por adelantado la sanción.

Tenemos el ejemplo del canon que se paga por copia en los CD’s, DVD’s, memorias flash (lápices, llaves..), fotocopiadoras…, que nos señala a todos los ciudadanos que adquirimos alguno de estos productos, como “piratas”, que vamos a utilizarlos para copiar en ellos, ilegalmente por supuesto, contenidos con propiedad intelectual de terceros, películas, canciones y otros contenidos bajados de internet, aunque a nivel personal cada uno los utilice para los fines legales que quiera: fotografías personales/profesionales, documentos, trabajos docentes, y un largo etc.. Da igual: todos somos delincuentes.

Otro caso y es al que voy, es el tema de la circulación por nuestras ciudades. Cuando las administraciones locales, presuponen que todos sus ciudadanos, van a incumplir las normas de tráfico, en especial a lo que se refiere a los límites de velocidad, cesión del paso y respeto a los pasos de peatones. La forma que utilizan entonces para 'sancionar anticipadamente' a los conductores es llenar las calzadas con obstáculos, bien con bandas sonoras, guardias durmientes, resaltes en los pasos de peatones (algunos exagerados)…, que castigan a los que diariamente tenemos que pasar sobre ellos (y a sus vehículos), vayamos a la velocidad que vayamos, constituyendo un verdadero problema cuando el vehículo que circula transporta mercancías frágiles o es un vehículo de emergencias (bomberos, ambulancias).

Continuando con el tráfico, yo, lo confieso, estoy totalmente en contra de las zonas residenciales. Cuando estas no se habían inventado, y ahora hablo en concreto de La Unión (contando con que estas calles lo sean ya que carecen de la señalización correspondiente), existían aceras que, aunque siempre han sido estrechas e insuficientes (lo que daba lugar a que los viandantes fuesen más por la zona destinada a los coches que por ellas), servían de refugio cuando se acercaba algún vehículo, o cuando llovía al menos nos evitaba las riadas típicas de nuestro pueblo al carecer nuestras calles prácticamente de sumideros de recogida de aguas pluviales.

Ahora, en cambio, solamente existen aceras dibujadas en el suelo y el peatón se encuentra desprotegido cuando, al estar ocupada la 'acera', no tiene más remedio que circular por el centro de la calle. Pues bien continuando con el hilo anterior, y como se con la certeza de que todos los vehículos que van a pasar por estas calles mixtas peatones/vehículos, van a ir a más velocidad de la permitida, pues las llenan de guardias durmientes, y como además todos estos vehículos van a aparcar, aunque en estas zonas está prohibido el aparcamiento, pues se colocan cientos de bolardos, que no dejan de ser obstáculos incómodos tanto para los coches, como para los peatones, más si van con carricoches.

Es verdad que siempre hay conductores que incumplen las normas, por supuesto que sí, pero estas presunciones de incumplimiento castigan a todos los conductores (infractores o no), y en el caso de las zonas residenciales, además a los peatones. Quizás si las administraciones locales fomentasen aparcamientos alternativos (gratuitos, por supuesto) cercanos a estas zonas, la vigilancia a pie por parte de la policía municipal, y la correspondiente sanción al infractor, evitarían que en algunas calles el peatón esté obligado a ir por el centro de la misma porque las 'aceras' están invadidas por los vehículos mal aparcados.

 

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