PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

Tasas para una barrera social

Las 'tasas de Gallardón' están más que cerca después de que Senado y Congreso rechazasen las enmiendas presentadas por la oposición al controvertido proyecto. Es decir, pronto tendremos ciudadanos con capacidad de recurrir sentencias y ciudadanos sin capacidad de hacerlo. Esto, para la Justicia, es muy negativo.

El ministro, como es lógico, argumenta esta medida. Por un lado destaca que el sistema judicial español está saturado por un exceso de litigiosidad (curioso, pues no hacen mucho invitaban a los ciudadanos a solucionar sus conflictos por la vía judicial) y que estas tasas pueden disuadir a los que hacen uso del recurso para dilatar un proceso judicial. Por otro, asegura que el dinero ingresado ayudará el servicio de Justicia Gratuita, que tiene muchos problemas en algunas comunidades autónomas. Además, anuncia que podrán hacer uso de este servicio aquellos que ganen hasta 15.975 euros al año, elevando el listón que estaba situado en 14.910 euros.

En este mundo, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Dicho esto, es evidente que Gallardón ha utilizado un prisma de economista, pues prevé ingresar 300 millones al año). Además, son muchos los casos de reclamaciones contra la Administración en la que le dan la razón al ciudadano (lo he vivido en mis carnes), pero le indican que no pagarán hasta que no tengan una sentencia que les obligue, por lo que además del dinero que se ingresa está el dinero que se ahorran.

Es evidente que los únicos que no se verán afectados serán las clases pudientes. El resto, es decir, la mayoría de españolitos tendrán que rezar para que el juez de turno no se equivoque en primera instancia para no tener que recurrir. Una sentencia es el resultado de una fórmula en la que una persona aplica una Ley. Lo segundo puede ser perfecto, pero lo primero (la persona), no siempre lo es, pues, por fortuna, somos humanos.

Los partidos de la oposición aseguran que las nuevas tasas no son constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un duro informe en contra (vulnera la tutela efectiva y son desproporcionadas, exponen), también se han expresado contrarios los procuradores y abogados… Me da a mí que van a quedar ahí.

Valgan algunos ejemplos. El primero, un asunto laboral. Un trabajador que no esté conforme con la primera sentencia de juez de Lo Social todavía puede recurrir sin costo alguno. Con las 'tasas Gallardón' debe tener 500 euros para no resignarse, por lo que si los trabajadores viven un tiempo en los que están perdiendo sus derechos de forma sistemática, acabarán por quedarse hasta sin el 'derecho al pataleo'. En asuntos civiles, como pudiera ser una sentencia de divorcio, o un contencioso hay que tener 800 euros (ahora cuesta 300) para seguir adelante. El cuadro adjunto extraído de El País lo refleja bien claro.

¿Afinarán más los jueces en primera instancia? No creo, pues ya lo hacen o, cuanto lo menos, lo intentan. Si tenemos en cuenta que, para la clase media (ni pudientes ni con derecho a la Justicia Gratuita), cuyo poder adquisitivo va en caída libre, entrar en la vía judicial ya es de por sí caro (el propio Gallardón reconoce que tener abogado y procurador es más caro), el 'muro' que se está levantado es de lo más injusto por mucho ministro de Justicia que haya parido este proyecto.

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