Unas trescientas personas se han concentrado esta tarde junto al Monte Sacro para protestar por el daño que está sufriendo el patrimonio histórico de esa zona con las obras que se están acometiendo y han simbolizado esa protesta con gasas, algodones y esparadrapos en sus frentes, "porque nos sentimos heridos", expresaron. Apuntar que este asunto ya ha generado dos denuncias ante la Fiscalía.
El profesor Javier García del Toro ha denunciado los daños que se le pueden estar ocasionan al Monte Sacro, de Cartagena, especialmente en su patrimonio histórico con la presencia de máquinas que están trabajando para la futura construcción de 68 viviendas. El arqueólogo ha presentado esta semana denuncias ante Fiscalía de Medioambiente y Guardia Civil, además de la Dirección General de Bellas Artes del ministerio de Cultura a través de la Delegación del Gobierno en Murcia. Cabe recordar que hace nos días la comisión de vecinos de esa zona también denunciaron la situación ante la Fiscalía.
Escrito por Agencia AYC
Los terrenos donde se construyeron el Parque de Seguridad de Cartagena y El Corte Inglés siguen coleando en los juzgados a raíz de un proceso que arrancó en 2002 al acusar una empresa a otra de que canceló de forma irregular un contrato para adjudicar los derechos de explotación a otra, lo que rechazan plenamente los acusados. El juicio, que incluída el testimonio de diez testigos y sólo tuvo un receso, duró siete horas y ha concluido pasadas las cinco de la tarde. Ahora le toca al juez Álvaro Bellas resolver una causa con 14 tomos de documentos, varias cajas de informes y muchas horas de testimonios.
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Francisco L. G. tendrá que pagar una multa de 360 euros y devolver todo el dinero, unos tres mil euros, que no entregó a los trabajadores después de conformarse y reconocer que fue el autor de un delito de apropiación indebida, ya que se aprovechó de su papel de intermediario entre las empresas y los jornaleros para no entregar a estos últimos la totalidad de sus salarios.
Denunció por robo con violencia a dos hombres y en dos ocasiones no se ha presentado al juicio, por lo que el juez ha emitido una orden de búsqueda y captura para ponerlo a disposición judicial y evitar que el juicio sufra una cuarta suspensión. La suspensión provocó el malestar de acusados, abogados y testigos por el tiempo perdido por esta causa, que ya ha sufrido tres suspensiones.
"Al principio, los 'hackers' o piratas informáticos sólo buscaban alardear por acceder a otros ordenadores, pero eso es pasado; actualmente sólo buscan dinero o sexo, en este segundo caso si es una persona perturbada", explicó Carlos Villarreal a los padres que asistieron a la charla. Los que sean víctimas de esas situaciones "deben informar enseguida a los padres y trasladar el asunto a Comisaría".
Carlos Villarreal también explicó la responsabilidad penal que tiene "el mal uso de Internet" y puso como ejemplo que descargarse una única fotografía de pornografía infantil está penado de uno a tres años de prisión, para a continuar indicar el castigo que la Ley establece para esas acciones delictivas en la red.
El adulto que engañó a un niño de once años, la chica que fue extorsionada por un 'pirata informático', los jóvenes que denuncian que le han bloqueados sus correos electrónicos, al que pegó en la calle quien se creía insultado por esa persona o el que se enriqueció con descargas de música y cine fueron algunos de los casos reales que el jefe del grupo de Delincuencia Económica y Delitos tecnológicos puso anoche, en el instituto San Isidoro de Los Dolores, como ejemplos de que los peligros de Internet son reales.
La Guardia Civil ha desarrollado en la comarca del Campo de Cartagena una operación policial que se ha saldado con la detención de cinco personas y la imputación de otra (cuatro tienen domicilios en Fuente Álamo y una en Cartagena) como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza, extorsión y amenazas de muerte. A estas personas se les acusa de robar maquinaria y herramientas de una explotación ganadera y posteriormente, tras coaccionarla y amenazarla de muerte, pretendían venderle los efectos sustraídos a la propia víctima. Los detenidos, diligencias policiales instruidas y efectos recuperados e incautados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, que ha ejercido la dirección judicial de la operación.
Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han llevado a cabo una operación contra un entramado criminal dedicado al fraude a la legislación de extranjería mediante la celebración de matrimonios ilegales y que se ha saldado con la detención de cinco personas, que eran los responsables de una organización que tenía su epicentro en Los Alcázares y Torre-Pacheco. Se estima que el número total de matrimonios fraudulentos, celebrados conforme al procedimiento descrito, se encuentra en torno a los 200. En las investigaciones se ha contado con la participación del Servicio de Extranjeros y Fronteras de la policía portuguesa, que investiga la parte de la trama radicada en el país vecino.
Los vecinos que se están movilizando en defensa del Monte Sacro van a denunciar en la Fiscalía "el expolio y la destrucción" de esta zona tras las infructuosas gestiones ante Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional para presentar esa denuncia.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier acordó la libertad con el cargo de un delito de Robo con Fuerza para dos detenidos por la Guardia Civil de Torre-Pacheco. La instrucción la lleva el juzgado número 1 contra estas personas, a las que se les intervino más de cuatrocientas placas solares, maquinaría y herramientas que habían sustraído de zonas agrícolas.
La Policía Nacional es la que se encarga ahora de custodiar a los acusados que se sientan en el banquillo y que proceden de centros penitenciarios, tomando el relevo en esa labor a la Guardia Civil, que sí mantiene el servicio del traslado desde la cárcel hasta los juzgados. Esta nueva fórmula ya se aplicaba desde tiempo atrás en otras comunidades autonómas. En el juicio celebrado ayer, por un asunto de narcotráfico, ocho policías nacionales participaron en dos turnos en la vigilancia y custodia de los acusados mientras estaban dentro del edificio juidicial.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) apoya las demandas que los vecinos de Cartagena, y más concretamente del Casco Antiguo, sobre la construcción de torres de viviendas en la ladera del Monte Sacro. El pasado lunes, los vecinos, se personaron en el Palacio de Justicia de Murcia e interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, con abundante material audiovisual que argumentaban sus sospechas ya que las máquinas que allí se utilizan, para la construcción de las viviendas, podrían destruir los restos arqueológicos que allí se encuentran.
Los letrados cartageneros Carmen Barceló, Juan Francisco Pérez Avilés y Álvaro Roda Alcantud, que forman parte de la defensa, reanudan mañana el macrojuicio que acoge la Audiencia Provincia, en Murcia, contra ocho españoles y tres marroquís acusados de participar en una operación de desembarco de hachís en el Puerto de Mazarrón, que se frustró al hundirse la embarcación que transportaba el hachís, teniendo que se sacados los fardos del fondo del mar.
Dos de los tres acusados que esta mañana se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, en Cartagena, han reconocido que estaban en la playa de Calblanque en la madrugada del 8 de mayo "desembarcando bultos", mientras que el tercero lo niega. La fiscal, Verónica Celdrán, mantuvo la petición de seis años de cárcel para dos imputados mientras que redujo la solicitud para Wilver a cuatro años y medio como autores de un delito de narcotráfico y que deparó la incautación de 4.260 kilos de hachís. El juicio quedó visto para sentencia.
El vicesecretario de Sectorial del Partido Popular de la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, ha anunciado el Partido Popular de la Región de Murcia reclamará al Gobierno de la Nación que haga públicos los datos de criminalidad de los que dispone ante la “opacidad y falta de transparencia” que muestra. José Gabriel Ruiz ha explicado que “la Federación de Estaciones de Servicio nos ha transmitido su preocupación por la falta de datos en cuanto a los delitos que se producen en la Región de Murcia, así como la necesidad de reforzar la seguridad de las áreas rurales con mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El vicesecretario del PP ha recordado que “se trata de un sector especialmente vulnerable a los robos y atracos, por lo que es preciso aumentar su seguridad”.
El desfile de personas que han sufrido despidos improcedentes es una constante en las salas laborales del Palacio de Justicia de Cartagena y, en bastantes casos, son personas que se encuentran sin apenas posibilidad de reclamar a sus empresas porque han 'echado la persiana' o han desaparecido. Ayer le tocó el turno a tres trabajadores de una sociedad limitada de Torre Pacheco.
