Jueves, Abril 25, 2019
   
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Honorarios bajo sospecha

Un abogado, para quien piden casi cinco años de prisión, es acusado en un juicio ante la Audiencia de aplicar tarifas excesivas a un cliente para vaciar su patrimonio y estafar a sus herederos. El letrado afirma que aún no ha cobrado nada, que nunca actuó para enriquecerse y que le daba pena su cliente, quien mantenía una mala relación con sus hijos.



La acusación, que lleva la Fiscalía y el abogado que representa a los hijos, considera que el abogado, quien tiene despacho en Murcia y ejerce desde 1980, es autor de un delito de estafa, por lo que solicitan al tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel más el pago de una multa de 7.300 euros y de una indemnización a fijar en la sentencia.

Las acusaciones consideran que el letrado y dos hermanos son responsables de ese delito, quedando la causa centrada sólo en el abogado debido al fallecimiento de los restantes en 2012. En concreto, se señala que entre los años 2007 y 2013 se sirvió de sus conocimientos jurídicos y de actos procesales fraudulentos para vaciar de contenido patrimonial la herencia de uno de los hermanos (de unos ochenta años de edad) y de la mitad de los bienes gananciales tras el divorcio con su esposa con el ánimo de perjudicar el derecho a la herencia legítima de sus hijos.

El letrado, quien se defendió a sí mismo, rechaza las acusaciones. En el interrogatorio en sala, expuso que su cliente buscó que lo representara en julio de 2006, después de que fue objeto "de una denuncia falsa por parte de su hija, por la que tuvo que salir de casa y buscó alojamiento en la vivienda de su hermano".

Le fueron preguntado por actuaciones concretas, como una finca en El Hondón de Cartagena que enajenó a favor de su hermano por importe de 18.030 euros y por la que fijó honorarios de 21.500 euros en primera instancia, 11.500 euros en segunda y 20.000 en caso de apelación, más IVA. La venta fue declarada nula por un juzgado en 2007. Posteriormente, el cliente interpuso demanda contra su hermano por este asunto, reclamando una cantidad de 75.435 euros más intereses, una cantidad muy superior a los 18.030 euros, según consideran las acusaciones y con el objetivo de perjudicar a los herederos. El tercer capítulo de gestiones bajo sospechas se llevaron a cabo entre 2007 y 2012 con diferentes encargos con honorarios elevados. "Con estos actos procesales, llevados a cabo bajo la dirección del acusado, se logró el embargo de de la finca de El Hondón y con ello vaciar de contenido el patrimonio del padre y perjudicar a sus legítimos herederos", exponen desde la acusación.

El abogado investigado expresó que los honorarios "son libres" y que su cliente "jamás" se los discutió. La fiscal le preguntó por qué, ante las elevadas cantidades, no pidió una provisión de fondos, y respondió que tenía acreditada la capacidad de pago del cliente, "que también tenía bienes". Otra pregunta es si esta persona en algún momento le expresó interés en perjudicar a sus hijos: "Decía que si tenía que gastar su patrimonio en defenderse, lo haría". También se le planteó que si era consciente que con todas estas gestiones se acaba con el patrimonio. "Yo no fui quien lo metió en un aprieto, lo hicieron sus hijos".

Un asunto de expropiación tuvo una factura de 23.200 euros más 6.900 de intereses. "Gestioné la salida de un inquilino y un escrito al Ayuntamiento para subir valor a la propiedad", explicó. También le preguntaron por los 75.435 euros. "Con esta cifra se inició el procedimiento y mi cliente dijo que quería dejar las cosas claras para que cobrase su hermano". El abogado también aseguró que en repetidas veces le dijo que tenía derecho a un abogado de oficio, que no le costaría el dinero, "pero él no quería".

En el turno de la abogada de la acusación particular, ésta le planteó que pasó unos honorarios por 24.940 euros, "cuando lo normal serían unos cuatro mil euros", dijo. El letrado respondió que su cliente le dijo que le habían ofrecido por la finca 250.000 euros. "Yo seguía siempre sus instrucciones", aseveró. La letrada le preguntó si su cliente asumía que el encausado le estaba incrementado sus deudas. "Yo se lo explicaba y él lo tenía muy claro", respondió. También le planteó que en una tramitación de gananciales de 15.000 euros se ejecutó la jura de cuentas antes de acabar. "Me dijo que lo hiciera si quería cobrar", contestó.

Hasta la fecha, el investigado afirma, no ha cobrado nada, siendo sus reclamaciones las que protagonizan los embargos a los terrenos. "Jamás actué para enriquecerme. Lo hice porque quise y porque esta persona me daba pena por lo que estaba pasando".

Otras preguntas se enfocaron sobre que dos familiares dicen que su cliente apenas sabía leer y escribir. El letrado dijo que sí lo hacía, "pero despacito y a su manera". También que mentalmente su cliente no estaba en condiciones. "Hasta un año antes de su fallecimiento lo noté bien. Luego ya detecté algún problema".

El juicio quedó visto para la sentencia del tribunal de la sección quinta integrado por Jacinto Aresté, Matías Soria y Juan Ángel Pérez.

 

 

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