Sábado, Diciembre 07, 2019
   
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Rincones de Ley

'Reforzar las medidas de protección y apoyo a las mujeres'

Este 25 de noviembre, Juezas y Jueces para la Democracia manifiesta su preocupación y rechazo a posiciones de grupos con responsabilidades institucionales, que niegan alejados de la realidad (51 mujeres fallecidas en lo que va de año a consecuencia de delitos de violencia de género), niegan que exista esta grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, victimas también de estos delitos.

Estas posiciones, aunque sistemáticamente ignoran datos empíricos ciertos, cercenan las posibilidades de disminuir los delitos contra las mujeres y dificultan el trabajo y el esfuerzo que las instituciones y la sociedad están realizando para hacer frente a este atentado constante contra los derechos humanos.

Supone un retroceso pretender la invisibilidad de esta violencia y el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España para prevenir, investigar, castigar y reparar los daños causados por la violencia contra las mujeres, como el Convenio del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Estambul.      

Para posibilitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, queremos reiterar la necesidad de utilizar las herramientas conceptuales que han demostrado su utilidad para este fin y consideramos imprescindible el refuerzo de las medidas de protección y apoyo a las mujeres, que vienen prestándose desde la sociedad civil y desde las instituciones, sin las cuales las leyes previstas en el ordenamiento jurídico no pueden alcanzar su finalidad; por ello consideramos contraproducentes los recortes económicos que de forma directa o indirecta suponen la imposibilidad de aplicar las leyes destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres.

Finalmente interesamos la efectividad de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la implicación de todos los poderes públicos que están obligados a garantizar la seguridad y el pleno disfrute de los derechos de toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, que constituyen más del 50% de la población.

 

Sus zapatos son los nuestros

El pasado martes, las dos marchas de mujeres y hombres pensionistas españoles que procedían de Rota y Bilbao llegaron a la Puerta del Sol de Madrid después de varias semanas caminando. La manifestación cocnluyó ayer ante la puerta del Congreso de los Diputados/as, donde dejaron sus zapatos.

Las reformas del sistema de Seguridad Social llevadas a cabo por la Ley 27/11, de 1 agosto y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, han ocasionado un grave deterioro del sistema público de pensiones que garantiza nuestra Constitución (art.41 CE), sometiéndolas a un régimen de revalorización que entraña una innegable pérdida de su poder adquisitivo. El art.50 CE contiene un mandato preciso dirigido al Estado "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

La Seguridad Social es un Derecho Humano reconocido en multitud de Tratados y Convenios Internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.22), hasta el Convenio 102 de la OIT, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (art.9) o la Carta Social Europea (art.12). De dichos Convenios y Tratados se deriva la obligación de los estados de elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social.

La realidad denunciada por los pensionistas es preocupante, no sólo para ell@s, sino para las generaciones venideras. La pensión media en España en 2019 es de 993,11 euros. Las mujeres son las más perjudicadas en la precariedad de las pensiones, su pensión media es de 790,56 euros, frente a los 1.210,29 euros de los hombres. La cuantía de las pensiones mínimas de jubilación y  viudedad es de 677,40 euros mensuales. La mayoría de pensiones de viudedad, las cobran las mujeres.

Tales datos se han de relacionar con el preocupante aumento de la desigualdad y de la pobreza que informes Nacionales e Internacionales están  poniendo de manifiesto en relación con nuestro país, hechos que amen de conllevar una vulneración de la normativa anteriormente referida, a corto y medio plazo puede ser un riesgo evidente para la propia estabilidad democrática.

Ante la preocupante situación de las pensiones, desde Juezas y Jueces para la Democracia, como asociación comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado Social y Democrático de Derecho, queremos manifestar nuestro más firme apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones realizadas para conseguir un sistema digno de pensiones. La lucha de las mujeres y hombres pensionistas es un ejemplo para todos/as.

Pedimos al Parlamento y al Gobierno, sea del signo que sea, que cumplan con los mandatos Constitucionales e Internacionales que le incumben, atiendan las justas  reivindicaciones de los pensionistas y garanticen un sistema de pensiones dignas y suficientes para quienes han pasado su vida trabajando.

 

"Me considero víctima de una sentencia"

Una vecina de El Algar (Cartagena), de 69 años de edad, se dirige a nuestro 'Buzón de los lectores', para expresar lo siguiente:

"Después de haber vivido en pareja durante 12 años, me encuentro en la situación de que me reclama mi expareja todos los gastos habidos en el período de convivencia.

De dichos gastos, la parte de la casa (manutención, limpieza, ropa, gastos de la vivienda, etc.) corrían de mi parte, siendo pagados en efectivo, sin ningún tipo de comprobante. Por su parte, mi expareja pagaba la hipoteca y gastos de agua y de luz, por lo que pudo aportar los comprobantes ante el juez.

Una vez finiquitada la relación, me presenta una demanda judicial, reclamando el 50% de todos los gastos que soportaba él. Llegados a juicio, la sentencia falla a su favor, teniendo yo que indemnizarle con una cantidad de 84.000 euros más gastos judiciales, intereses y abogados de la parte demandante.

Creo que la señora jueza no ha tenido en cuenta todas las pruebas que le presenté, considerándome una víctima de la sentencia. Es por lo que me dirijo a los lectores de este periódico, por si encuentro algún apoyo o consejo que me pudiese ayudar. Gracias".



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Si se acepta que aparezca el nombre, el texto se publicará como artículo de opinión.

   

'Cuando la Justicia avala una injusticia'

“Un contrato firmado en el Servicio Murciano se sobreentiende que es otra cosa diferente a lo que dice el contrato", según la abogada del Servicio Murciano de Salud. La indignación que siento es la que me lleva a escribir mi caso.

Luego de 6 años de trabajar en el SMS, el 18 de junio de 2013 fui despedido con un contrato equivocado, no el que yo firmé, intenté hacerle ver su error, pero el gerente de turno, no me quiso atender, por lo que me vi obligado a recurrir a la vía judicial, que inicié con una demanda por la vía Social, representada por la Letrada Julia Jiménez Ros.

En su defensa, el SMS reconoce que 'cometieron un error', pero que mantenían su decisión. El 14 de mayo de 2014, el señor juez Salvador Díaz, en una sentencia con claridad absoluta, digna de ser leída, da lugar a mi reclamación.

Lógicamente el SMS recurre aduciendo que estaba dispuesto a pagar la indemnización, pero que no me iban a reincorporar. Y aquí comienza el horror, el TSJ de la Región de Murcia, a pesar de que en un caso similar falló a favor de la demandante, en mi caso dijo que la vía era la equivocada, y debía ser por la vía contenciosa administrativa.

De manera que volver a empezar y aquí viene lo sorprendente, en la Audiencia, delante del juez en lo contencioso, y está grabado, la abogada dijo en defensa del SMS, que el contrato que yo firmé y en el que se especifica que no me podían destituir dijo la frase que yo no podía creer lo que estaba oyendo. Dijo textualmente: “si bien  hay  un contrato firmado, se sobrentendía que significa otra cosa”. Y parece que tenía razón, puesto que el juez en lo Contencioso-Administrativo le dio la razón.

Creo que en cualquier país en estado de derecho, lo que se firma se debe cumplir, y si te quieren despedir están en su derecho mediante indemnización, así de claro. Yo que tuve la oportunidad de viajar a otros países siempre dije que la española es una de las mejores policías del mundo, lástima que no pueda decir lo mismo de la justicia, al menos en lo social, salvando al señor juez don Salvador Díaz Molina y menos de la contenciosa-administrativa.

 

La Ley 'anti-okupa'

El letrado Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, aborda en su blog al recientemente aprobada Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, algunas preguntas y respuestas. Breve prontuario.

   

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