Jueves, Julio 18, 2019
   
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El Rincón de la Comunidad de Propietarios

'El administrador de fincas'

Hace más de 30 años entré a formar parte de este gremio de profesionales, con la ilusión y las ganas de aprender, típicas de un hombre medianamente joven, y al día de hoy, y tras mucha práctica profesional, y compartir despacho con cinco administradores de fincas colegiados, y otros profesionales del derecho y economía, he llegado a adquirir la idea que la profesionalidad, la honradez y el trabajo, son piezas claves que se llevan por bandera. Así se lo he inculcado a los compañeros de despacho, a nuestros empleados y colaboradores, como a quienes han hecho prácticas profesionales con nosotros, que al tiempo lo han recordado y agradecido.

Desde mucho antes de mi colegiación tuve la idea de dedicarme a esto de administrar, y aún habiendo investigado la profesión, y tener la preparación suficiente, no tenía los conocimientos de dos órganos vitales en la profesión, como son la capacidad conciliadora necesaria para intentar salvar conflictos entre los vecinos y la formación de administrador basada principalmente en temas laborales, derecho, economía, técnicos en al edificación, seguros generales y humanísticos. Los profesionales que con esta meta se vienen formando en todas estas materias, pueden afrontar con rigor la dura tarea de la profesión.

Estos rasgos distintivos pueden ofrecer al administrado la importancia de la labor que desempeña y de los temas jurídicos del ejercicio diario, de ahí la importancia de que el ciudadano confíe en el profesional, destacando la necesaria relación de confiabilidad entre el administrado y el profesional.

Por eso la deontológica cumple una misión especial en el ejercicio profesional mediante su regulación en esta materia, que plasme de forma eficaz y efectiva la regulación, estaremos asegurando que ejercemos el cometido y obtenemos la confianza del administrado en ejercicio profesional confiable, competente y comprometido.

Por otro lado, y con respecto al Colegio profesional, es una corporación de derecho público amparado por ley, y entre otros, interesan especialmente dos cometidos: la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los administrados.

Quizá el lector no entienda con este argumento el porqué de catalogarlo como una meta, pues la meta no está en la profesión misma, sino en las circunstancias que a veces la rodean, ya que si la profesión por si sola puede ser problemática, lo es mucho más, sabiendo de la existencia de la competencia desleal y de personas sin cualificación profesional suficiente, y legalmente reconocida para ejercer las funciones según lo previsto en  la Ley de Propiedad Horizontal.

Si a toda persona por el trabajo que realiza le complace sentirse valorada por su superior (quien le paga por el trabajo) y respetada por sus compañeros, en nuestro mundo, me da la sensación que no se alcanza, pues existe una enorme presión por parte de la sociedad intentando reducir sus gastos, y en algunos casos, no se dan cuenta de que el Legislador incrementa las obligaciones de nuestros clientes -las comunidades de propietarios- con lo que nuestro trabajo es mayor, más complejo, de una mayor responsabilidad, precisando una mayor experiencia y dedicación, que lógicamente tiene un coste, coste añadido como en nuestro caso al contar con profesionales colegiados en ejercicio, con garantías de un seguro de Responsabilidad Civil.

Una realidad social que hoy cobra más importancia por el contexto de crisis económica y de identidad que padecemos, pero no reducida al ámbito profesional sino de manera global es, cuando los administradores tenemos que defender la profesión y sus principios al tiempo que solicitamos nuestra justa retribución económica, porque deseamos ejercer nuestra dura profesión a cambio de la obtención de una contraprestación económica digna y esta sociedad neoliberal está convulsionando nuestra actividad, como pasa en otras muchas profesiones liberales.

La libre competencia es dura, en ella estamos, y en ese sistema deseamos permanecer respetando la Ley, pero no podemos permitir que nuestros clientes piensen que “el mayor enemigo del administrador sea nosotros mismos” con algunos burdos mensajes que encontramos con solo echar un vistazo a los medios. “El prestigio se hace trabajando, derrochando profesionalidad, seriedad y honradez, y sin duda, respetando al Colegio, la profesión y los compañeros”.

“La comunidad que cree que cuesta caro un profesional, no sabe lo caro que puede costar un incompetente”.

 

Los tejadillos, los tendederos y las máquinas de aire

Se trata, por así plantearse con alguna asiduidad, que los propietarios de la primera planta del edificio tienen una terraza en propiedad, o es anejo, o esta terraza es un elemento común del edificio por ser cubierta del local, pero a su vez las normas comunitarias o estatutos inscritos les dan la exclusividad de uso y consecuentemente la obligación de conservación y mantenimiento.

El problema comienza cuando estos propietarios y por la política de hechos consumados proceden a colocar en la terraza un tejadillo tipo teja,  PVC, etc. para evitar que el agua que desprende la ropa tendida de las viviendas superiores manche o moje su ropa o caiga sobre la expresada terraza, y es aquí cuando además surge la queja del tecno del piso superior que no pueden tender adecuadamente la ropa por rozar las sábanas con el tejadillo y además este tejadillo no tiene la limpieza adecuada con lo que se les ensucia la  ropa tendida.

De abusiva sí puede considerarse la acción de quien sin contar con la  Comunidad de Propietarios, por la vía de hechos consumados realiza una obra que afecta a elementos comunes, y de ello se interpreta por la Ley de Propiedad Horizontal en sus artículos 7.1,  y 17, que esta alteración de la cosa común debe someterse a la consideración de la Junta y aprobarse por acuerdo de las tres quintas partes de propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de cuotas de participación. En el caso presente, además de alterar el aspecto exterior o configuración de un elemento común como es la fachada posterior del edificio, la obra puede perjudicar los derechos de otro propietario, en concreto al propietario del segundo.

Entrando a analizar esta cuestión, y sin que exista ninguna norma aprobada, es una cuestión asidua en la vida comunitaria y profesional y nos encontraremos que se propone especialmente por los vecinos del segundo, que el vecino del primero quite el tejadillo ya que además sirve de escalo y le crea inseguridad.
La Junta reunida al efecto puede adoptar dos acuerdos: 1º.- que se apruebe por las tres quintas partes la instalación realizada. 2º.- que lo quite por acuerdo de mayoría simple. Y, no aprobada ninguna de las dos opciones, el propietario directamente afectado puede ejercitar la acción judicial.

Planteado así, y en cualquiera de los casos donde se tenga que accionar judicialmente, es importante estudiar todas las situaciones, y si ya tenemos claro que el tejadillo no es legal, tendremos que examinar la legalidad de los tendederos, aire acondicionado que también modifican la configuración requieren para su instalación el acuerdo de la Junta de propietarios.

Convivir en comunidad es algunas veces difícil, otras, la hacemos difícil, pero con buena voluntad se puede conseguir la existencia del tejadillo aprobado, bien instalado y mantenido, y el tendedero igualmente aprobado y un buen centrifugado de la ropa. El ceder cada uno un poco puede resultar muy bueno para todos, incluido el administrador.

 

Cómputo de la abstención en las juntas de propietarios

Es frecuente que surja el problema en el cómputo de las abstenciones en las votaciones  de las Juntas de Propietarios y en relación a los acuerdos de cualquiera de las mayorías dispuestas en el artículo 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal y, como debe de interpretarse esta votación cuando la abstención no la contempla la L.P.H.

El artículo 19.2 f) dispone que el acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberán expresar, al menos, los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del acuerdo de los nombres de los propietarios que hubieren “votado a favor y en contra”… (no abstención)

A la vista de lo expuesto, tomamos como ejemplo a quienes pueden interpretar este asunto, y así la Audiencia de Cantabria expone que, claramente son solo tres las posibles respuestas a la pregunta: la abstención equivale a un voto favorable, a un voto negativo o a la ausencia a efectos de cómputo de asistentes. Entre todas ellas, la más lógica, clara y sencilla es la primera, que se aplicaría a todo supuesto de votación, ya sean acuerdos que requieren unanimidad, ya mayoría cualificada o simple. El argumento se encuentra en la eficacia del silencio como manifestación de consentimiento, lo que no solo tiene apoyo en la doctrina general del negocio jurídico impone el deber de manifestar la voluntad, y así se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1983, sino que además la STS de 17 de noviembre de 1995, tal equiparación tiene su base en la Ley de Propiedad Horizontal al prever que en el caso de los ausentes su silencio durante treinta días naturales equivale a un voto favorable en los acuerdos del 17.1, y termina interpretando que no hay inconveniente alguno en aplicar esta conclusión a los acuerdos que no requieren unanimidad, pues el principio que inspira dicha norma es igualmente aplicable a las demás votaciones. Otras interpretaciones de parecidos términos las hacen Magistrados de Audiencias de Madrid, Baleares, y Cádiz

Finalmente la abstención es una conducta consciente y voluntaria que determina una posición, y atribuirle efectos jurídicos, pues es evidente que no cuenta ni a favor ni en contra de un acuerdos pese a su asistencia, y como quiera que supone una conducta conciente, al no manifestarse, posteriormente, no puede contradecir su propia postura, y no puede alterar jurídicamente la coherencia que se debe derivar de la misma (actos propios), por lo que tampoco podría impugnar los acuerdos que se hubieren adoptado, ya que para ello tendría que haber votado en contra del acuerdo adoptado, salvando el voto, y en base a la expresada STS, quien conociendo la petición y el acuerdo que se proyecta no manifiesta una voluntad discrepante, para la Ley de Propiedad Horizontal queda vinculado por el acuerdo, en otras palabras, el silencio se puede conceptuar como aprobación, por lo tanto en nuestra opinión y atendiendo siempre al caso concreto, es posible valorar el voto del propietario que se abstiene, como favorable, aplicando analógicamente el régimen de la abstención del ausente.

 

   

Adaptación de los estatutos a la ley de propiedad horizontal

La Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/1999 de 6 de abril, modificativa de la Ley 49/1960 sobre la Propiedad Horizontal, estableció que todas las comunidades de propietarios cualquiera que sea el momento en que fueron creadas y el contenido de sus estatutos, que no podrán ser aplicados en contradicción con lo establecido en la misma. En el plazo de dos años, esto es, hasta el 2001, las comunidades deberían haber adaptado sus estatutos a lo dispuesto en ella en lo que estuvieren en contradicción en la misma.

En la práctica de las Juntas de Propietarios, algunos, quieren que se apliquen determinados artículos de los estatutos que están sin adaptar y consecuentemente en contra de Ley, como por ejemplo, plazo de las convocatorias, plazos de impugnación, tipos de acuerdos y mayorías necesarias, etc. y otros, conociendo que la Ley se modificó y dejó invalidados determinados artículos de los estatutos de su comunidad, entienden, y es así, que estos estatutos, o determinados artículos que están en contra de la Ley no tienen validez, y consecuentemente surge la discusión y los malos entendidos, por lo que es importante aclarar lo siguiente:

1. Esta Disposición Transitoria Primera, declara de forma terminante que las cláusulas contenidas en los Estatutos que resulten contrarias o incompatibles con la Ley quedan sin efecto, por ello, a partir de ese momento son imposibles de aplicar, y por lo tanto absolutamente inoperantes.

2. Si ya han sido declaradas nulas las posibles cláusulas estatutarias, ¿qué finalidad tiene que la Junta de Propietarios tenga que adoptar el acuerdo de modificar los estatutos? Inicialmente ninguna ventaja, al contrario, los inconvenientes propios de tener que celebrar una Junta y tomar el acuerdo por unanimidad para la modificación de los Estatutos, en cumplimiento del articulo 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por ello se produce una situación curiosa, y es que si la decisión a tomar es por unanimidad, y ésta no se llega a alcanzar, ningún Notario podría hacer el otorgamiento de documento y tampoco el Registrador de la Propiedad podría inscribirlo, lo que nos llevaría a la inconsecuencia de que no se puede rectificar lo que la misma Ley establece que carece de validez.

Por tanto, la adaptación sólo será posible si existe el acuerdo de unanimidad de todos los propietarios, y además llevará consigo los gastos elevados de requerimientos fehacientes a los no asistentes, además de los de notaria para hacer la escritura y de Registro para su inscripción.

Por lo expuesto, la falta de adaptación no resulta necesaria, por ser imperativa la Ley en vigor sobre los Estatutos que, conteniendo cláusulas contrarias a la Ley, estas, son nulas de pleno derecho. Además, la Ley nunca ha obligado a disponer de Estatutos (podrá, dispone el artículo 5), por lo que la Comunidad que no los tenga puede funcionar exactamente igual, en la mayoría de casos mejor, simplemente rigiéndose por la Ley de Propiedad Horizontal.

 

'Los problemas de aparcamiento en plazas de garaje'

Las normas urbanísticas de cualquier Plan de Ordenación, definen las plazas de aparcamiento como espacio debidamente señalizado destinado a estancia de vehículos, limitándose a determinar las dimensiones mínimas de cada plaza, y pudiendo distinguir entre vehículos de dos ruedas o cuatro, de ello se presume, que a cada plaza le corresponde un vehículo.

El problema se plantea cuado algún propietarios decide estacionar varios vehículos en la misma plaza, bien dos coches por permitirlo el espacio, bien un coche y una moto, o varios vehículos a la vez.

Inmediatamente surgirán las protestas entre los copropietarios, por la que exigirán que se prohíba el estacionamiento de más de un vehículo y, en su caso, que abone una cuota más alta, además de que esta situación puede ocasionar algún problema con el seguro del garaje, dado que estarían aparcando más vehículos de los realmente declarados y autorizados urbanísticamente.

En nuestra experiencia profesional, debemos de aclarar que se trata de una cuestión interna del garaje, pues las denuncias ante el Ayuntamiento no tienen ninguna incidencia, por entenderse de que es una cuestión de derecho privado, aunque algunos juristas opinan, tratándose de plazas de aparcamiento grandes, que sí la delimitación de la plaza tiene atribuido el coeficiente de las demás, es decir, si todas las plazas tienen asignado el mismo coeficiente, y no fue tenida en cuenta la delimitación para que quedara autorizado aparcar más de un vehículo, no podrá utilizarla para aparcar dos, precisamente porque en el coeficiente asignado no se tuvo en cuenta más que el uso por un único vehiculo.

Otros plantean la existencia de un enriquecimiento injusto de aquellos propietarios que haciendo doblemente uso de las instalaciones de la comunidad solo abona una cuota, pero desgraciadamente no existe jurisprudencia que pueda arrojar la luz a este problema.

En nuestra opinión, la solución estaría en que la comunidad redacte un Reglamento de Régimen Interior según dispone el Artículo 6 de la Ley de Propiedad en relación al 17.7 LPH, que solo  necesita el acuerdo de la mayoría simple, con la inclusión de la norma que se pueda aparcar varios vehículos en una misma plaza de aparcamiento, y de esta forma autorizaría o de contrario prohibiría el aparcamiento de más de un vehículo, acuerdo que como antes se expone es de mayoría al encontrarnos ante un Reglamento (no Estatuto) de uso y funcionamiento del garaje, pues la cuestión afecta a toda la comunidad, de acuerdo con lo establecido en los expresados artículos, y que en caso de incumplimiento de lo acordado, su realización podría hacerse efectiva a través de la acción de cesación de actividades prohibidas que dispone el artículo 7.2 de la Ley.
En caso de aprobarse el aparcamiento de más de un vehículo, y de proponerse que la cuota a pagar sea superior a la establecida, requeriría el acuerdo unánime de los propietarios, por así disponerlo el artículo 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal, y en consecuencia, estaremos seguros que el que se sienta perjudicado votará en contra y no se obtendrá el acuerdo; de todas formas, y dependiendo del Ayuntamiento que corresponda, habrá de estar a lo dispuesto en el Plan de Ordenación.

Algunas veces se plantea la propuesta de delimitar la plaza de aparcamiento mediante horquillas, cepos, etc., y sobre este tema no exento de dificultad, los tribunales han tenido la oportunidad de pronunciarse en sentido de que este tipo de obras no afectan a la seguridad del inmueble, su estructura, o configuración, si bien a fin de no perjudicar ni  menoscabar el derecho de unos a obtener de su plaza de aparcamiento el máximo aprovechamiento, se ha permitido colocar el cepo a escasa altura del suelo, de tal manera que aúnen y salvaguarden tanto el derecho de uno a utilizar su plaza, y no impida a los demás utilizar la suya sin verse impedidos de utilizar de forma diáfana la zona de apertura de las puertas del vehículo una vez estacionado. Es decir, la colocación de este tipo de artilugios, no constituirán alteración sustancial que deban quedar prohibidas, ni sujetas al previo consentimiento de la comunidad. Desde luego, todo esto tiene una contrapartida, que es de garantizar un fácil aparcamiento, apertura de puertas y descenso de los vehículos de las plazas colindantes, por lo que centrado el artilugio dentro de la delimitación del aparcamiento, tampoco impedirá las maniobras de entrada, salida y circulación de los demás.




   

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