Sábado, Mayo 25, 2019
   
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El rincón de la psiquiatría legal

El delincuente por conflicto

Sabemos que un delito no puede atribuirse siempre a un delincuente habitual, a una persona potencialmente peligrosa por violenta o por estar diagnosticada de un grave trastorno mental, a un toxicómano o a un psicópata. Para llegar al delito, basta teóricamente un fracaso de la fuerza inhibitoria de nuestra corteza cerebral frente al ímpetu de aquello que se siente, quiere o persigue, aun siendo plenamente conscientes de su ilegalidad. La debilidad humana, en estos casos, puede jugar una mala pasada y así cruzar un umbral muy, pero que muy peligroso, pudiendo aparecer así también el delito secundario a un conflicto. En la práctica, claro, esto no es tan fácil que ocurra, lo que no quita que en la valoración del hecho delictivo, siempre haya que considerar el factor vulnerabilidad personal.

Por intensidad, cada uno de nuestros rasgos de personalidad configuran un continium, de forma que es difícil definir un patrón típico único de aquellos sujetos más vulnerables a delinquir sometidos en una intensa situación de estrés determinada (delincuente por conflicto), pero no por ello vamos a ignorar muchos estudios descriptivos que dicen sí hay un perfil al respecto. El delincuente por conflicto es en primer lugar, un sujeto que carece de antecedentes penales, o éstos han sido de escasa entidad o relevancia. El delito en estos sujetos suele ser el primero y el único (esta es una característica principal), sirviéndoles como experiencia liberadora de sus tensiones y represiones, ante las que había creado esa situación de conflicto. En sus antecedentes familiares no tienen por qué haber personas trastornadas y entre sus antecedentes personales, no se recoge psicopatología que pudiera hablar de un trastorno mental anterior; sí podemos perfilar algunas características de su personalidad (que no llegan a configurar un Trastorno de personalidad concreto), como es un destacado egocentrismo, con inflación del Yo y acusado narcisismo que precisamente le impide valorar o acercarse al punto de vista del Otro. También encontramos que hay inmadurez en su personalidad, con dificultad de renunciar a las propias satisfacciones y a hacer una correcta crítica del futuro. Cuentan con significativo grado de impulsividad incontrolada (sin que tampoco cumplan criterios de un Trastorno del control de los impulsos), que es precisamente como comenté arriba, la que permite el paso a la acción, responsable de esa transformación del delincuente en potencia o reservado a ese delincuente activo. Se admite que la influencia de las perturbaciones afectivas y los estado emotivos o pasionales más o menos intensos puedan transformarse en incontrolables impulsos que les impidan manejar la situación, esto último podría explicar por ejemplo, una agresión mortal al cónyuge sin existencia de maltrato o violencia anterior, esto es, sin evidencia previa de violencia doméstica o violencia de género. Su conducta en general, que pudo ser intachable, no despertó para nada la sospecha entre los suyos, vecinos u otros menos allegados, que quedan anonadados e impresionados una vez conocido el hecho delictivo atribuido a aquél (“era muy normal”, “era un tipo muy correcto”); esto lo vemos con frecuencia en las noticias y muchos son esto: delitos por conflicto.

Estos delincuentes, una vez liberados de sus conflictos a través, en ese caso anterior, del crimen, superando la ansiedad que se había hecho insoportable, aparentan normalidad física en el calabozo policial antes de pasar a disposición judicial, aspecto muy distinto al del delincuente habitual, y su estancia penitenciaria suele discurrir sin problemas, adaptándose a las normativas y colaborando con los funcionarios del centro penitenciario, al contrario, por ejemplo, de los psicópatas que se muestran constantemente exigentes y sin contemplar consecuencias. La fácil reinserción social del delincuente por conflicto es otro aspecto a destacar.

La interpretación psicodinámica de los hechos, siempre ayuda a la comprensibilidad, sin que para nada suponga la inimputabilidad de esos sujetos, que terminan cargando con sus penas porque, aunque perdieron el control, sabían en todo momento lo que hacían y a lo que les llevaría. Hay casos extremos en los que se ha reconocido que el estado emocional lo suficientemente violento provocó una alteración de la conciencia lo bastante profunda, alterando el juicio y la voluntad, colocando al sujeto en un estado de inimputabilidad, pero reconociendo ya el trastorno mental de por medio. En el delincuente por conflicto, su delito tiene cierto carácter de comprensibilidad, aunque lo que realmente no se entienda sea la desproporción de su respuesta, y ahondar en su estudio es siempre positivo por el alto valor preventivo y de investigación que supone la búsqueda de una motivación más o menos consciente del acto delictivo.

 

‘El pirómano y la Ley’

A modo de introducción, diré que el fuego ha tenido un carácter sacro para el hombre ya desde tiempos remotos, siendo símbolo de la energía y fuerza creadora; para nuestros antepasados, tener poder siempre llevó implícito hacer frente al fuego y tener control sobre él. Parménides lo consideró, junto a la tierra, el aire y el agua, como elemento origen de todas las cosas. Por otro lado, prender fuego también se ha usado desde tiempos remotos como medio de defensa y como arma.

Hay casos de sujetos que presentan conductas incendiarias puntuales por respuestas a móviles universales como pueden ser la venganza, el enfado, la ira, u otros; estas situaciones dan lugar a noticias que oímos con relativa frecuencia, donde, por ejemplo, una persona prende fuego a un arbolado con el fin de poder obtener maliciosamente un fin, como puede ser la recalificación de un terreno. En estos casos se usa precisamente el fuego por su poder devastador, pero no existe realmente ese factor primordial al que quiero hacer referencia: el intenso, hasta enfermizo, atractivo por él. Ésta última sí es una característica común de los tres perfiles que voy a definir: el pirofílico, el incendiario y el pirómano. El pirofílico es aquel sujeto que siente todo lo relacionado con el fuego como una atracción realmente placentera, le gusta contemplar maravillado las hogueras, o ser espectador disfrutando de grandes incendios, en casa se chifla por encender la chimenea y todo el ritual que supone manejarla, etc.; ello es una tendencia, pero aisladamente suele quedar en nada más. El incendiario es la persona que, experimentando también fascinación por el fuego, ya lo usa como instrumento nocivo o arma de preferencia y prende fuego con un objetivo concreto siendo siempre consciente de su motivación, por muy estúpida que nos pueda parecer ésta; el incendiario puede o no tener un trastorno psiquiátrico asociado, siendo esta asociación la que, como veremos más adelante, podrá repercutir en la valoración de su imputabilidad.  Por último está el pirómano, término en el que erróneamente metemos a todos las personas que provocan un incendio, y que se caracteriza porque el sujeto cuenta con un mecanismo de producción inconsciente que desemboca en el impulso irrefrenable a incendiar, a observar sus efectos, e incluso a ayudar a extinguirlo (aunque resulte paradójico es frecuente encontrar al pirómano entre las personas trabajan en su extinción); realmente no existen móviles ni hay otros intereses.

La piromanía fue descrita por primera vez en 1833 con el nombre de monomanía incendiaria (término desechado en la actualidad) y se incluye ahora en los trastornos del control de los impulsos. Se acepta que, si seguimos el DSM-5, para diagnosticar la piromanía se deben cumplir unos criterios diagnósticos establecidos, estos son, que la provocación de incendios de forma deliberada e intencionada sea patente en más de una ocasión, que haya tensión o excitación afectiva antes de hacerlo, que el sujeto presente fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y todo su contexto, y por último, que el individuo obtenga placer, gratificación o alivio al provocar el incendio o a presenciarlo o a participar en sus consecuencias. El sujeto, vuelvo a repetir, se va a mover dentro del espectro: sensación de angustia previa al incendio, alivio una vez producido el fuego y el placer colaborando en su extinción (como curiosidad, añadir que los psicoanalistas hablan de la manguera como prolongación del pene infantil).
Los pirómanos suelen ser hombres, frecuentemente con malas habilidades sociales y con problemas de aprendizaje. La piromanía como diagnóstico primario (sin más) es rara, apareciendo más bien asociada a otros trastornos comórbidos como pueden ser el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno por consumo de sustancias, el trastorno bipolar y la ludopatía; recuerdo que también aquí, la coexistencia de trastornos asociados, va a poder además influir para la imputabilidad.

En general, y también en el ámbito jurídico-forense, hay unanimidad en admitir que “quien sufre piromanía debe ser considerado como peligroso y difícilmente tratable”. La tensión interior, vivida de forma irresistible, lleva a la realización del acto pirómano de forma imperiosa y el sujeto, que nunca pierde el conocimiento de lo que hace, actúa, eso sí, de forma irreflexiva, no totalmente meditada y sin importar los resultados finales que vaya a provocar, siempre que ello calme de forma inmediata su intensa ansiedad. Es en todas estas cuestiones donde radica precisamente la valoración de la imputabilidad; el problema es que, como sabemos, el grado de ansiedad que impulsa a la persona a realizar ese acto de forma imparable y sin atenerse a sus graves consecuencias, es objetivamente muy difícil de evaluar de cara a enjuiciar un delito de incendio.

En general, no son muy numerosas las sentencias jurisprudenciales relacionadas con la piromanía que, también dependiendo de la comorbilidad, suelen implicar la aplicación de atenuante muy cualificada, por disminución intensa de su capacidad volitiva, o la atenuación analógica, por una leve afección de la voluntad, pero apenas la eximente completa por no comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Añadir que, en algunas STS u otras de Jurisprudencia menor leo que se recogen, y con relativa frecuencia, los casos de rebaja de condena por el atenuante de colaboración con la justicia, lo que habla además del sentimiento y reconocimiento del trastorno por parte del paciente.

 

Ludopatía e implicaciones legales

Según conocemos, el juego tiene una base biológica preformada y constituye una parte muy importante en el desarrollo de la personalidad de los individuos. Se sabe, por medio de distintos estudios, que sin la existencia del juego en la infancia, el hombre no completaría el proceso de socialización en su entorno; jugar significa aceptar unas reglas y todo lo que ello conlleva, además de liberar represiones o canalizar, por medio de la fantasía, las frustraciones. Ya luego, con el proceso del crecimiento, el hombre va relegando el juego a sus momentos de ocio, pudiendo manifestarse la ludofilia, entendiendo ésta en su acepción de tendencia a obtener un contentamiento no dependiente del juego que le hace vagar durante un tiempo no prolongado, de la fatiga diaria de la vida.

En contraste a todo lo anterior, la ludopatía es ese impulso morboso, ese juego patológico (términos equivalentes) que transforma el ocio, cuando no es bien conducido, a su propia patología, por lo que, como dicen algunos autores, se puede entender la ludopatía como la patología del ocio. Se dice que el jugador patológico, siente el impulso lúdico con pérdida de control, con una ruina soportada con irracional optimismo, autopenalizaciones y con situaciones de abstinencia en las que hace su aparición la angustia.

Se encuentran afinidades entre la ludopatía y las toxicomanías, de hecho, antes se clasificaba el juego patológico dentro de los Trastornos del control de los impulsos, pero ahora, con el moderno manual DSM-5, ya se incluye dentro del apartado de los Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Siguiendo con la comparación, aunque las dos cuenten con la pérdida de libertad que le supone al sujeto que padece una u otra, hay una diferencia fundamental en este sentido y es que el toxicómano con una nueva dosis tiene suficiente (al menos de momento) pero en cambio, el ludópata prolonga su conducta, pues puede pasarse horas y horas jugando sin que ello ponga fin a su “abstinencia”.

En base a la estadística, el juego patológico es siempre más frecuente en el varón, aunque también se sabe que en la mujer la incidencia aumenta con la edad; en los varones jóvenes afectados hay una clara preferencia por los juegos de apuestas, en los mayores hay más inclinación por las máquinas tragaperras y el bingo.

Se acepta que las alteraciones impulsivas también son las que favorecen la frecuente asociación entre ludopatía y alcohol, y muchas veces sale el debate de cuál fue el problema inicial, e incluso metiendo a la Depresión en un círculo vicioso de permanente interacción: ludopatía-alcohol-depresión; por cierto, también se ha constatado que los trastornos depresivos están más relacionados en casos de mujeres con juego patológico.

Todo el conjunto de lamentaciones, broncas o reproches, externamente recibidas o autoproducidas por el propio paciente, le pueden llevar a sumergirse en el mundo de la angustia, que es la generadora en muchas ocasiones del delito, pudiendo distinguir aquí los delitos cometidos en el juego y los delitos cometidos por el juego; en los primeros destacan las falsificaciones o los hurtos y entre los segundos, más frecuentes y graves, todo un gran abanico como pueden ser venta de joyas, de propiedades patrimoniales, malversaciones, robos, grandes endeudamientos, incumplimientos de obligaciones fiscales, etc. Todo lo anterior se puede complicar aún más con situaciones de separación matrimonial y divorcio por abandono familiar o incluso pérdida de puesto de trabajo por despido. Al final puede hacerse evidente un gran deterioro general en el paciente.

En cuanto a aspectos legales, el hecho de que una persona esté diagnosticada de juego patológico, no conduce automáticamente a una disminución de la imputabilidad, sino que, a tenor de las exigencias actuales del art. 20.1º. del Código Penal, ésta estará en función de los efectos y de la intensidad que se alcancen en ese momento determinado respecto a sus repercusiones sobre las facultades psíquicas del individuo; aunque el sujeto reconoce y comprende la ilegalidad del hecho, la intensidad de la ansiedad es mayor que los frenos inhibitorios cognitivos, traduciéndose en irresistibilidad que es lo que conduce al hecho delictivo. Además, hay que considerar otros dos factores, uno, la existencia de relación de causalidad entre ese irrefrenable impulso y el acto ilegal concreto cometido, y otro, la coexistencia en el paciente de otros trastornos psíquicos como el alcoholismo arriba nombrado, toxicomanía, depresión, trastornos de personalidad, debilidad mental, etc. Repasando algunas de las numerosas STS, se puede concluir que, cuando la ludopatía es leve, y en consecuencia fácilmente controlable, no debe producirse efecto alguno sobre la responsabilidad penal, pues el Legislador ha establecido claramente en el art. 21. 2º que las adicciones o dependencias que no sean graves no constituyen causa de atenuación; sólo en supuestos de excepcional gravedad puede llegar a plantearse la eventual apreciación de una eximente, completa o incompleta, siempre que pericialmente se acredite y fuera de toda duda, una anulación absoluta o casi absoluta de la capacidad de raciocinio o voluntad del acusado respecto a esa acción temporalmente inmediatamente producida.

Por otra parte, ya en el ámbito civil, cabe la posibilidad de plantear la declaración de incapacidad civil o, al menos parcialmente, la curatela, por prodigalidad, para evitar que con la conducta producida se originen pérdidas patrimoniales, tanto para él como para la familia, y que se pueda implicar en compromisos o negocios ruinosos.

El tratamiento de los pacientes diagnosticados de juego patológico, es similar al de otras adicciones: psicofármacos, sobre todo antidepresivos, siendo preferentes los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) y psicoterapia, siendo en general la grupal (existen asociaciones como Jugadores Anónimos) más efectiva que la individual.

   

Recordando el trastorno de la personalidad antisocial

Como Trastorno de la personalidad antisocial, el Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), contempla aquellos pacientes que cumplen cuatro criterios diagnósticos, esto es, que tengan un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás y que se manifieste por tres o más de una serie de siete subcriterios considerados, que tenga como mínimo 18 años (edad mínima necesaria para poder diagnosticar un trastorno de personalidad), que haya evidencia de trastornos de conducta antes de los 15 años y que el comportamiento no se produzca exclusivamente en el curso de una esquizofrenia o trastorno bipolar. La existencia de manuales de diagnóstico, el nombrado u otros como el ICD-10, es muy positiva en cuanto a que todos sabemos de qué patología concreta estamos hablando, también así los juristas (ya que no siempre paciente mental implica necesariamente ser un enajenado); también es cierto que se pierde con ellos gran parte de desarrollo descriptivo del trastorno, de su nosología. Rebelándome un poco a la postura rígida y cuadrada típica de estas clasificaciones, haré un boceto del Trastorno antisocial de la personalidad.

Fue Kraepelin (1856-1926) el que propuso el término de personalidad psicopática a principios de mil novecientos; autores posteriores  hicieron otras acuñaciones del término, refiriéndose a esos sujetos como psicópatas, sociópatas, o disociales. Aunque el término de psicópata no es para nada correcto, ya que etimológicamente haría referencia a cualquier enfermo mental, ha sido tal su arraigo, que al hablar de psicópatas ya sabemos que nos referimos a esos sujetos con Trastorno de la personalidad antisocial.
Vicente Gradillas resume en el manual de Vallejo Nájera que “un psicópata es una persona asocial (incapaz de adaptarse a las normas sociales), que no establece lazos afectivos adecuados y duraderos con otras personas, que no padece angustia ni sentimientos de culpa ante las situaciones que provoca y que producirían estas reacciones afectivas en la generalidad de las personas, no teniendo, por otra parte, otras alteraciones mentales como psicosis”.

En el cuadro clínico de estos pacientes, encontramos pobreza general en reacciones afectivas, incapacidad de aprender por la experiencia, impulsividad, falta de autocrítica, incapacidad para ver y juzgar su comportamiento, superficialidad en las relaciones interpersonales, no lograr relaciones maduras y duraderas con otras personas, mostrar desprecio por la verdad, incurriendo en las más solemnes mentiras en medio de una sorprendente mímica, movimientos gesticulares, etc. todo ello, como se dice, con un comportamiento egosintónico (pues el psicópata está contento con su conducta) y con una inteligencia técnicamente inalterada, sí, el aparato cognoscitivo de este individuo aparece íntegro como así ya se aprecia al analizar el modo de razonar en la entrevista clínica o por los resultados arrojados en las pruebas de inteligencia.

Más detalles:  se trata de personas que saltan por encima de los derechos de los demás y los menosprecian cuantas veces sean; para ellos las normas no existen o se pueden pasar sin consecuencias y en el caso de que las haya, no importa para nada. Son totalmente insensibles a los sentimientos del prójimo. Acosan y hostigan a otras personas, roban, se involucran en peleas con actos de violencia física y nunca muestran algún tipo de arrepentimiento o remordimiento, mostrándose completamente indiferentes a cualquier tipo de resultado; pasan. La agresividad y la irritabilidad se funden con la frialdad afectiva, configurando así a estas personas que muchos de nosotros conocemos o hemos conocido; precisamente la frialdad afectiva es, para algunos autores, lo que más define a estos sujetos.

El Trastorno de la personalidad antisocial tiene un curso crónico pero, al igual que otros trastornos de personalidad, puede hacerse menos evidente o remitir con la edad, sobre todo hacia la cuarta década de la vida. Aunque esta remisión tiende a ser particularmente evidente en lo que respecta a la implicación en actos delictivos, no es probable que se mitiguen los otros rasgos del espectro de los comportamientos antisociales y del consumo de sustancias (el consumo de alcohol y drogas es una complicación frecuente en este trastorno).

La imputabilidad del psicópata siempre ha sido históricamente un gran problema jurídico, ya que no son personas “normales” pero tampoco enfermos mentales psicóticos. La valoración deberá ser siempre concreta para cada caso, aceptando que la posibilidad de atenuación girará alrededor de la capacidad de comprender lo injusto del hecho y de la capacidad de dirigir la actuación, conforme a ese entendimiento; a esta tarea, hay que añadir la posibilidad de que la psicopatía sea complicada, es decir, que pueda estar añadido otro trastorno como la drogodependencia (frecuente según comenté arriba), sumando por ejemplo, más violencia, con las derivadas consecuencias jurídicas. A modo de resumen, se acepta que en estos trastornos la responsabilidad penal es plena la mayoría de las veces, atenuada en unas pocas y excluida en muy contadas ocasiones.

En lo que se refiere a capacidad civil, ésta sólo se cuestiona en casos excepcionales.  La tendencia a derrochar de forma extrema, muchas veces lleva a restringir su capacidad patrimonial pero son casos poco frecuentes ya que, en general, estos pacientes, repito, conservan sus capacidades  de conocer y querer, aun cuando su conducta sea anómala y desproporcionada.
Concluyendo, hay autores que resaltan la escasa repercusión jurídica en general en cuanto a la disminución de capacidades en los psicópatas salvo puntuales excepciones próximas a las psicosis o, como he comentado, en aquellos casos de psicopatías complicadas con cuadros como la toxicomanía u otros.

 

Complicaciones legales en trastornos afectivos

El gran riesgo de la enfermedad depresiva grave es sin duda el suicidio. En la Depresión hay dos momentos claros de vulnerabilidad para llevar al acto suicida, uno es, aunque parezca paradójico, cuando el paciente empieza a salir de su gravedad, ya que es precisamente la inhibición psicomotriz uno de los síntomas que empieza a mejorar antes, resultando que la desinhibición producida precede a la mejoría de la ideación negativa y por tanto el sujeto ya es capaz de pasar más fácilmente de la idea al acto autolítico. Por tanto, en estos momentos iniciales donde lo podemos encontrar mejor, es precisamente cuando hay que extremar su vigilancia; este hecho queda también recogido en los prospectos de los fármacos antidepresivos y los profesionales estamos obligados a advertirlo. El otro momento delicado viene marcado por la intensidad del cuadro afectivo en el que pueden existir ideas deliroides que impongan la conducta patológica con fines suicidas; en este caso el delirio distorsiona el conocimiento de la realidad e impone el comportamiento anómalo, como así también puede ocurrir en otros trastornos psicóticos.

En nuestro país no supone delito el suicidio ni su tentativa, pero en caso de producirse, por parte policial se investigan factores como la inducción o la posible colaboración.

Sí es un delito el llamado suicidio ampliado que puede ocurrir en el caso de enfermos depresivos donde el paciente, después de matar a sus seres queridos pone fin a su propia vida. Si las víctimas no guardan tal relación de cercanía afectiva con el paciente, se habla entonces de suicidio ampliado atípico (recordemos el caso del accidente aéreo de Germanwings), con una psicopatogenia distinta. Por lo general se admite que el suicidio ampliado (típico) no es un homicidio por odio sino por amor, ya que al reducirse el horizonte perceptivo del depresivo y al tener concluido su tiempo inmanente (el que percibe subjetivamente), “no puede permitirse el lujo de dejar con vida a aquellos a los que ama en este mundo cruel y despiadado”. El gran problema legal del suicidio ampliado surge cuando el suicida, por fallo de la técnica empleada, continúa con vida y no así sus ejecutados; aquí será crucial aclarar si la depresión era anterior a los actos o reactiva a los mismos. También señalar que se han descrito casos de suicidios ampliados diferidos en el que el depresivo suicida mata a la familia pero no al mismo tiempo, por ejemplo, primero a su mujer, tiempo después (incluso días) a los hijos y luego se quita la vida él; estos casos se prestan a diversas interpretaciones jurídicas y más aún si el autor sobrevive. En el suicidio ampliado también hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que se conoce como pacto de muerte o suicidio colectivo, en el que una pareja o grupo de personas deciden poner fin a sus vidas de forma conjunta, en este caso surge de nuevo el problema cuando uno de ellos sobrevive, estudiando la posibilidad de haber sido un homicidio donde el superviviente ha sido el autor que quiere simular haber tenido dificultades técnicas en su acto suicida.

Dejando a un lado el suicidio, en caso de depresiones graves se pueden encontrar también las autolesiones sin fin suicida y los delitos por omisión. Un estudio muy reciente dice que en el grupo de pacientes depresivos que se autolesionan sin intención aparente de suicidarse, el porcentaje de suicidios consumados después de un año es significativamente alto (ojo al dato). En los delitos por omisión el paciente frenado por la lentitud ideativa y la inhibición motora, no reacciona ante el auxilio que le está demandando otra persona próxima en situación comprometida (nunca se debe dejar a un niño a cargo sólo de un depresivo inhibido); en este apartado se podrían incluir casos que han quedado como simples negligencias profesionales, por no contar con el factor patológico de la inhibición. También se han descrito casos de delitos de robo cometidos por pacientes depresivos con ideas deliroides de ruina (aquí debemos hacer diagnóstico diferencial con la cleptomanía).

Como trastorno afectivo, yendo a otro extremo, también nombrar la Manía o fase maníaca del Trastorno bipolar. La irritabilidad del maníaco puede desembocar en delitos de agresiones o incluso resistencia activa a agentes de la autoridad; también suelen ser frecuentes los casos de escándalos públicos, falsificación, estafa, intrusismo, dejar “púas” en comercios por compras superfluas hechas de forma impulsiva, escándalos a la libertad sexual, como exhibicionismo, etc. A modo general, se admite que en el maníaco, a mayor grado de excitación, mayor es la gravedad de los delitos que pueden cometer, aunque menor es la posibilidad real de llevarlos a cabo ya que su conducta típica de agitación y cólera da rápidamente la alarma a los familiares, ya acostumbrados, y pronto es recluido, quedando sus posibilidades delictivas restringidas al mínimo; al inicio de la fase cuando los signos de alarma no son muy evidentes, es precisamente más frecuente la posibilidad delictógena. En este sentido, hay autores que dicen que el maníaco sólo puede considerarse como un “delincuente menor”.

En general, la imputabilidad penal de todos estos pacientes pasa por valorar la posible existencia de una afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho delictivo y de la capacidad de adecuar la conducta a ese conocimiento. Para valorar la capacidad civil es necesario también individualizar cada caso y se admite que la incapacidad está indicada en estos pacientes cuando los accesos son muy frecuentes o muy prolongados haciendo peligrar los intereses del enfermo y/o de su propia familia.

   

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