Jueves, Noviembre 14, 2019
   
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¡ Siete horas de juicio para aclarar una supuesta estafa !

Los terrenos donde se construyeron el Parque de Seguridad de Cartagena y El Corte Inglés siguen coleando en los juzgados a raíz de un proceso que arrancó en 2002 al acusar una empresa a otra de que canceló de forma irregular un contrato para adjudicar los derechos de explotación a otra, lo que rechazan plenamente los acusados. El juicio, que incluída el testimonio de diez testigos y sólo tuvo un receso, duró siete horas y ha concluido pasadas las cinco de la tarde. Ahora le toca al juez Álvaro Bellas resolver una causa con 14 tomos de documentos, varias cajas de informes y muchas horas de testimonios.


La historia, compleja de resumir, surge en 1999, cuando la empresa de los acusados se adjudica un concurso público y firma con el Ayuntamiento un convenio para construir el Parque de Seguridad que incluye el compromiso de permutar el terreno con la finca de la antigua Algodonera, donde después se levantaría el edificio de El Corte Inglés. El 10 de octubre de 2000 esta empresa firma con Edival la cesión de derechos futuros, pero en junio de 2002 anula ese acuerdo y suscribe otro con Mariola Gestión y Servicios. 

De los dos acusados, José Luis fue quien llevó el peso de las negociaciones y ha sido la primera persona interrogada esta mañana. Ha explicado que en abril de 2002 fueron a Valencia a ver al responsable de Edival "para plantearles el agobio económico que sufríamos al retrasarse la obra y pedirles flexibilidad y que no nos aplicaran intereses ni penalizaciones", pero que éste les dijo que era problema suyo. "Ese retraso se debió a las obras complementarias que nos pidieron en el Parque de Seguridad y hasta que no concluyesen no nos entregaría el Ayuntamiento el otro terreno". Expuso que estaban al borde de la suspensión de pagos y reconoció que comenzaron a hablar con otras empresas, pero que no cerraron acuerdo alguno hasta ver qué ocurría con Edival.

El 17 de junio cada hermano se personó en una notaría de Cartagena y Murcia. "Hacían oídos sordos a nuestras llamadas y quisimos dejar fe pública de que no querían cumplir". Requirieron en Cartagena al día siguiente a Edival, que se presentó, pero no coincidieron con los acusados. "No los ví y fui a hacer gestiones en los bancos, luego llamé y pedí hablar con su responsable, pero me dijeron que no se quería poner al teléfono", explicó el acusado. El 19 de junio se elaboraron nuevos documentos, por una lado la resolución del contrato con Edival y el nuevo acuerdo con Mariola.

La acusación hace hincapié en que los acusados forzaron la resolución del contrato con esa 'jugada' en la notaría sin que se hubiera producido incumplimiento alguno por parte de Edival, que se presentó en la notaria cuando fue requerida (al día siguiente) con el soporte económico que le pidieron. Están convencidos de que ya existía un acuerdo anterior con Mariola y que no hubo voluntad de los acusados de acudir a esa cita que ellos mismos habían fijado. Se apuntó que Mariola tuvo un beneficio con esa operación de 13 millones de euros, cantidad que considera la acusación que hubiese ingresado Edival si no se cancela de forma irregular el compromiso, por lo reclama una cantidad similar como responsabilidad civil.

Los letrados Ruipérez y Pérez Avilés hicieron hincapié en que los precios pactados con Mariola "eran inferiores a los fijados con Mariola porque las circunstancias eran otras, estábamos 'muertos' finacieramente" y que todo el dinero que les había aportado en el primer contrato Edival "le fue devuelto". Además, apuntan que no se trataba de un contrato de compra-venta sino de una cesión de futuros derechos y que en ningún momento Edival tuvo la posesión de los terrenos.

Durante la vista también se apuntó que, en febrero de 2003, Mariola vendió a Edival parte de unas parcelas para no ser incluidos en la querella, renunciando la segunda a solicitar la anulación del segundo contrato. Los representantes de Mariola aseguraron en el proceso que desconocían la existencia de un acuerdo anterior al suyo.

 

Juzgado: Lo Penal número 2 de Cartagena.

Delito: Estafa.

Acusados: José Luis y Rafael S. R.

Acusación: Edival S.A.

Petición de penas: El abogado Ignacio Pérez pide condenas de cárcel para los acusados y el pago de entre doce mil euros como indemnización, mientras que los letrados Luis Ruipérez y Juan Francisco Pérez Avilés solicitan la absolución de sus clientes. La Fiscalía, representada por Verónica Celdrán, no sostiene la acusación y respalda la absolución.

 

 

 

 

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