Martes, Mayo 30, 2017
   
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Una normativa protegerá en San Javier a los funcionarios que denuncien casos de corrupción

“Es necesario establecer mecanismos para que los funcionarios puedan denunciar sin riesgo y con garantías cualquier tipo de irregularidad o ilegalidad”, explica el portavoz local de Ciudadanos, Antonio Murcia.


Ciudadanos ha dado un nuevo paso en el proceso de regeneración democrática y transparencia emprendido desde su acceso a las instituciones, al conseguir que el Ayuntamiento de San Javier establezca los mecanismos adecuados para que sus propios funcionarios puedan denunciar sin riesgo de represalias cuantas acciones irregulares o ilegales pudieran cometerse en el ámbito de la administración local. El grupo municipal naranja presentó una moción en este sentido que ha sido aprobada en el Pleno a pesar de la abstención del equipo de Gobierno del Partido Popular, “una actitud que dice mucho de la verdadera intención y capacidad regeneradora de un partido cercado precisamente por los casos de corrupción que conocemos día tras día”, ha afirmado el portavoz local de Cs, Antonio Murcia.

La moción de Cs finalmente aprobada mandata al Ayuntamiento de San Javier a establecer un marco de protección para los empleados públicos que informen sobre prácticas irregulares o ilegales por parte de sus gestores. “El Ayuntamiento debe poner en funcionamiento de forma urgente procedimientos, vías y formas de tratamiento de la información que le sea facilitada en este sentido para que los denunciantes de corrupción no se sientan intimidados ante posibles represalias”, explica Murcia. Además de a los propios funcionarios, se quiere que empresas, contratistas, proveedores y ciudadanos en general queden cubiertos ante estas posibles prácticas, algo que está ya establecido legislativamente incluso en países como Reino Unido o Estados Unidos. La moción también incluye la obligación de instar a la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno a que desarrolle en un máximo de seis meses una normativa autonómica para definir el marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

 

 

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