Lunes, Octubre 23, 2017
   
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El exedil Joaquín Segado, absuelto del ‘cuartel de La Azohía’

El juzgado de lo Penal 2 de Cartagena absuelve a Joaquín Segado, quien fuera concejal de Urbanismo de Cartagena, y a quienes ostentaban los cargos de gerente y jefa del servicio de intervención municipal de los delitos de prevaricación administrativa, del que fueron acusados por declarar la caducidad de una licencia a la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía. La resolución, notificada hoy por el juzgado de Lo Penal número 2, explica que se trata de una cuestión de derecho administrativo estricto, susceptible de debate jurídico, que no debe dar lugar a la figura de la prevaricación.


El fallo judicial recoge, entre otras consideraciones, las siguientes de forma textual”

- “Otra cuestión relacionada con la anterior en la que hace referencia a determinadas irregularidades formales en la practica del acta de replanteo , en tanto en cuanto parece claro que la misma no se hizo en unidad de acto y sobre todo que se llevó a cabo sin citación de la querellante. Así como también que la querellante instó hasta cuatro veces para la práctica de la referida acta. Desde luego todo ello supone una serie de prácticas para nada recomendables si se tiene en cuenta que el ayuntamiento está especialmente obligado como ente administrativo para velar por cumplimiento de legalidad, pero tal y como han puesto de manifiesto los tres acusados La práctica del acta de replanteo la llevan a cabo los técnicos, sin ninguna responsabilidad por parte de los acusados a este respecto, y el abono de esta tesis hay que señalar que en el acta de replanteo en ningún caso se contienen pies de firmas con nombres y apellidos determinados, con lo cual parece evidente que el acta está pensada para que intervenga una pluralidad indeterminada de técnicos . Por último, no podemos obviar que cualquier debate en relación con estas cuestiones deviene inutil desde el momento en que el acta de replanteo fue firmada en el mes de junio por la dirección técnica de la obra y el día 6 de octubre la firman los querellantes , con lo cual tácitamente aprueban su contenido. En resumidas cuentas, el primero de los motivos analizados en el informe que sirve de base para cancelar la licencia urbanística , resulta claramente acreditado”.

- “En relación a la falta de la preceptiva dirección técnica en la ejecución de la obra acreditada mediante el correspondiente visado, en el expediente de ejecución de obra consta un documento que las partes aportan en el que manifiestan que el arquitecto que en él figura se encargará de la ejecución de la obra, sin embargo en el citado expediente no consta el preceptivo documento visado por el colegio de arquitectos en el que se pone de manifiesto que quien figura como director técnico de la obra reúne las condiciones técnicas necesarias para hacer frente a la misma. Esta falta de visado también se pone de manifiesto en la sentencia dictada en apelación por la sala de lo contencioso del tribunal superior de justicia de Murcia el 19 de septiembre de 2013 “ El 28 de diciembre de 2009 se comunicó al Ayuntamiento la designación de nuevo arquitecto director de las obras, debido al fallecimiento del anterior, sin que conste el visto bueno del colegio oficial de arquitectos respecto del nuevo arquitecto designado”.

- Respecto al tercero de los motivos, se reseña: “El ayuntamiento responde con prontitud a la solicitud de los querellantes de indicar con carácter subsidiario aquellos documentos que serían necesarios para la obtención de la licencia…”. Tras exponer los argumentos presentados en el plenario y documentalmente, indica la sentencia: “De tales argumentos el ayuntamiento deduce La existencia de una falta de voluntad de construir por parte de los querellantes, pero sin embargo se ha de tener en cuenta que el desistimiento es una figura basada exclusivamente en una manifestación de voluntad, y es precisamente en ese adverbio donde se plantea la mayor dificultad, puesto que si bien es posible pensar en una actitud renuente a la construcción por parte de los querellantes, resulta evidente por lo manifestado a lo largo de la presente resolución, que tiene un papel determinante en esta situación el decreto de aprobación de la modificación inicial en el plan general de ordenación urbana, en tanto en cuando que se establece un uso de equipamiento común plenamente incompatible con el destino originariamente previsto, cual era la construcción de 24 apartamentos turísticos. Ello determina que la parcela queda en situación de fuera de ordenación urbanística, y como es sabido lo que contradice un instrumento de planeamiento carece de efectos jurídicos, en tal estado de cosas, no puede compartirse que la falta de actividad de los querellantes en la actividad constructiva, se deba exclusivamente en a su voluntad en tal sentido”.

- “En resumidas cuentas, no se puede concluir que El acusado al firmar el decreto de caducidad de 19 julio de 2010 haya dictado una resolución injusta en relación con el citado decreto, y haya privado de eficacia una licencia con plena y absoluta validez, sino que declara la caducidad de la misma, cuando la propia licencia de cualquier modo no podía producir efecto alguno al ser contraria al nuevo planeamiento urbanístico vigente. Ello quiere decir que en modo alguno se da en en el decreto de 19 julio de 2010 la injusticia patente, grosera, no susceptible de ser salvada por vía de interpretación o de discusión jurídica, que conforma El tipo de la prevaricación administrativa del artículo 404 del código penal”.

 

 

 

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