Lunes, Julio 22, 2019
   
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A vueltas con la gestación de una máquina

Dos personas se enfrenta a penas de prisión de dos años y medio por denuncia de una empresa que considera que son autores de un delito de estafa por no cumplir los plazos previsto en la fabricación, mientras que ellos piden la absolución, exponiendo que el proceso, dada las características de la máquina, fueron correctos.


La sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ha sido el marco en el que se desarrolló el juicio por un asunto cuyo origen estuvo en 2011, cuando una empresa encargó a otra la fabricación de una máquina de corte, entregando una señal de 13.542 euros, debiendo entregar el resto a la conclusión de la fabricación. La Fiscalía considera que los investigados son autores de un delito de estafa y pide para cada uno dos años de cárcel. La acusación particular, que lleva el letrado Juan Luis Villanueva, solicitaba inicialmente cuatro años, que en las conclusiones fijó en dos años y medio.

La encausada, administradora comercial de la empresa fabricante, aseveró en su declaración que la máquina "se estaba fabricando y estaba el proceso avanzado", añadiendo que se enviaron fotografías al cliente. Por su parte, el director técnico, expuso que se trataba de fabricar una máquina tecnológica "con equipos que no se encuentran en mercados nacionales, por lo que se tenían que pedir al exterior y era una época en la que el suministro generaba demoras", dijo al respecto al retraso sobre las fechas pactadas, además de que no era "una máquina estándar, sino de dimensiones especiales, por lo que hubo que rediseñar un traje a medida con doble tecnología de corte". Aseveró que la máquina estaba construida "al 50 ó 60%" y que le quedaban "unos 90 días de trabajo". También aseguró que una persona de la empresa contratante "me avisó, en una de las conversaciones que manteníamos sobre aspectos técnicos, de una posible cancelación del contrato porque habían encontrado otra máquina de segunda mano de una empresa que cerraba".

Las acusaciones mantuvieron la petición de condena penal, más el pago del dinero entregado como señal, al considerar que hubo incumplimiento de contrato y ánimo de lucro ilícito por parte de los responsables de la empresa fabricante. La defensa, que lleva el abogado José Carrillo Romero, pidió la absolución exponiendo que sus clientes hicieron todo lo posible por cumplir el contrato y que la otra empresa sí compró la máquina de segunda mano, además de expone que, en todo caso, éste sería un asunto de la vía civil (reclamación de cantidades) y no penal.

El tribunal, integrado por los magistrados José Manuel Nicolás, José Francisco López y Juan Ángel Pérez, será el que resuelva con su sentencia.

 

 

 

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