Lunes, Junio 24, 2019
   
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Condenado el Ministerio por ‘castigar’ al empleado que cuestiona a los trasvases

Francisco Turrión y su abogado, Luis Martínez Vela

La jueza Teresa Clavo anula la suspensión de seis meses de empleo y sueldo que impuso a Luis Francisco Turrión, trabajador de la Conferederación Hidrológica del Segura que ha estado representado por el abogado Luis Martínez Vela, por el artículo ‘La trama del agua en la cuenta del Segura. Diez años después’ que publicó en 2017 en la revista digital de Greempeace. La magistrada considera que el auténtico “móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión” de quien lleva años abogando por el uso de las aguas subterráneas de la Región. Además, la Subsecretaría del ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente deberá indemnizarle con 12.000 euros.



El origen de este procedimiento se sitúa en agosto de 2017, mes en el que en la revista digital ‘Greenpeace’ aparece el informe titulado ‘La trama del agua en la cuenta del Segura. Diez años después’, cuyo autor es Luis Francisco Turrión Peláez, personal laboral fijo en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con categoría de titulado superior geólogo.

La Subsecretaría del ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con fecha 16 de noviembre de 2017, acuerda incoar un expediente disciplinario por si se podrían haber producido faltas disciplinarias, nombrando un instructor y una secretaria del expediente con dos personas adscritas a la Inspección General de Servicios. El 22 de diciembre, el instructor presenta pliego de cargos, considerando que se han producido tres faltas tipificadas en el III convenio Colectivo Único. Una de carácter muy grave contra el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la administración general del Estado, otra también muy grave de fraude, deslealtad o abuso de confianza y una falta grave de utilización o difusión indebidas de datos o asuntos que se tengan conocimiento por razón de trabajo.  

La notificación la recibe Turrión, curiosamente, el 28 de diciembre (‘Día de los inocentes’), quien presenta alegaciones al igual que la sección sindical de Comisiones Obreras y del Comité de Empresa, en el que ocupa el cargo de secretario. El interesado propuso la incorporación de determinada documentación al expediente y la realización de una visita junto al instgructor a unos pozos y a unas tuberías, la cual fue denegada.

El 21 de marzo de 2018 llega la resolución del subsecretario del ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, considera probado que Turrión elaboró por encargo de Greenpeace un informe “relacionado con la actividad pública que el interesado realiza para la Administración”. La segunda conclusión es que expuso “una serie de afirmaciones no apoyadas en hechos o datos plenamente veraces, que critican los trabajos realizados por los profesionales de la CHS, así como las decisiones adoptadas, no sólo por el organismo, sino también por el Ministerio, al que el empleado está adscrito, dando a las mismas una apariencia de arbitrariedad o ilegalidad”. El tercer punto de esta resolución estima que Turrión “utilizó y difundió indebidamente datos y asuntos de los que ha tenido conocimiento por razón del trabajo que desempeña (…), sin haber solicitado acceso para hacer un uso público de los mismos”.

Finalmente, el subsecretario considera a  Turrión “único responsable de las faltas disciplinarias cometidas” y le impone tres mes y un día de suspensión de empleo y sueldo por la “primera falta disciplinaria muy grave”, otros tres meses y un día por una segunda “muy grave de fraude, deslealtad o abuso de confianza” y otros tres días más de suspensión de empleo y sueldo por la falta “disciplinaria grave de utilización o difusión indebida de datos”.

 


Vídeo elaborado en agosto de 2018 que hace alusión a este tema:


 

Regresamos al proceso judicial. La sentencia, a la que ha tenido acceso el diario cartagenadeley.com, recoge en su décimo séptimo hecho probado que los hechos que se imputan al trabajador habían sido puestos de manifiesto por el demandante en diversas entrevistas  televisadas, en conferencias, en alegaciones a los Planes Hidrológicos del Seguro para los años 2011-13 y 2015-2021, en artículos y entrevistas en periódicos de difusión regional y nacional, así como en su blog.

Por ejemplo, se indica que que en La Opinión y en su blog aparece la afirmación “… desde entonces (1964) hasta hoy, la política hidráulica se ha basado en ocultar ese grave error, en esconder éste y otros estudios científicos sobre las aguas subterráneas y, a partir de ahí, perpetuar ese modelo sostenibilidad sobre hipotéticas nuevas ofertas de agua, basadas únicamente en las obras de hormigón (canales, presas y trasvases)”. 

Otra expresión es: “No había agua para todos, sólo para el grupo de ‘aguatenientes’ que la cogían si permiso y ponía hectáreas y hectáreas de lechugas, invernaderos y frutales mientras las denuncias de los guardas fluviales dormían en un cajón, debido a la inacción de las administraciones encargadas de velar por el agua y el medio natural”. La sentencia recoge más ejemplos y reseña fechas de publicaciones en medios como el aludido y otros (El Mundo, Interviú, Televisión Murciana, etc.) y en conferencias ofrecidas. También hay varias alusiones a su blog:  www.franciscoturrion.com (pinchar aquí)

El abogado Luis Martínez Vela propuso a la titular del juzgado de Lo Social número 6 de Murcia que se declarase la nulidad de la resolución dictada el 21 de marzo de 2018 y que se declarase “la vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artícuos 24, 25 y 28 de la CE”, y que se condenase a la Subsecretaría del ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al pago de 30.000 euros por daños morales. “Las faltas imputadas y sancionadas no han sido correctamente tipificadas al no resultar de aplicación el III Convenio Colectivo Único de la administración general del Estado, sino el Estatuto Básico del Empleador Público”, expuso. También hizo hincapié en que no se produjo incompatibilidad laboral con su trabajo de funcionario, “pues no cobró dinero alguno por el artículo y todos  los datos que aportó eran públicos”, indica a este diario, considerando que realmente lo que podría pretender la Administración con sus sanciones era amedrentar a Francisco Turrión por sus conclusiones, como experto de este tema del agua, sobre los acuíferos, siempre críticas como había expresado en más de un centenar de conferencias artículos y otras publicaciones anteriores.

La Fiscalía se reservó su derecho a informar sobre este asunto hasta la fase de conclusiones tras la celebración del juicio, interesando finalmetne la estimación de la demanda presentada por Francisco Turrión por entender que se había “vulnerado el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la CE”.

El siguiente capítulo es la decisión de la jueza, quien, con el apoyo de sentencias del Tribunal Supremo, concluye que las faltas imputadas y sancionadas “no han sido correctamente tipificadas” y que existen “plurales, sobrados y vehementes indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión del acto, al poner en duda el déficit hídrico en la cuenca del Segura, y por ende, cuestionando la necesidad de los trasvases, con la repercusión mediática que ello podría suponer dada la plataforma en las que el artículo fue publicado, sin que la administración demandada haya levantado la carga probatoria impuesta por el artículo”, reseña en su sentencia. 

Según las pruebas practicas, la juzgadora considera que la parte actora “aporta indicios bastantes y suficientes respecto de la vulneración del derecho fundamental invocado, los cuales pueden concretarse en los siguientes extremos: 1º) El artículo escrito por el actor y publicado en la revista ‘Greenpeace’ es un mero artículo o trabajo científico-político y crítico sobre ‘el agua y su gestión y las posibles soluciones para abastecer a las necesidades de la población respecto a su su’, no tratándose de informe técnico, como pretende la Administración, por lo que las alegaciones en el mismo contenidas entran dentro del derecho a la libertad de expresión. 2º) Las afirmaciones vertidas por el actor en el artículo de la indicada revista no son novedosas, habida cuenta de que las mismas las ha venido realizando públicamente desde hace más de quince años”.

Finalmente, declara la nulidad de las sanciones impuestas a Francisco Turrión en su trabajo profesional y fija una indemnización por daños morales de 12.000 euros. Contra esta resolución, la Abogacía del Estado puede interponer recurso de suplicación si así lo considera.

 

 

Prohibida la publicación de fotografías de este diario digital con la marca 'CYA' en cualquier publicación o en Internet sin autorización.

 

 

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