Viernes, Abril 26, 2019
   
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Condenado el Banco de Sabadell a pagar más de tres mil euros a un inversor

La Audiencia Provincial, a través de su sección quinta, ha revocado una sentencia que en primera instancia daba la razón a la entidad bancaria y ahora declara nulo el contrato de compra de cuotas participativas suscrito por el banco con un cliente en marzo de 2011 y lo condena a pagar 3.208,12 euros al demandante, que en este procedimiento ha estado representado por el abogado unionense Fulgencio Pérez Mariscal, a quien se observa en la imagen adjunta.



A la cifra final hay que descontarle el dinero recibido por el demandante en concepto de dividendo y sumar los intereses legales generados desde la fecha de la compra, además de las costas causadas en la primera instancia.

El demandante, a través del letrado, planteó en la demanda que el banco no le había informado correctamente. Esto no prosperó en el juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena, que desestimó la demanda y condenado a la parte actora al pago de las costas. No se rindieron y recurrieron dicho fallo judicial, que ha resuelto el magistrado José Francisco López.

En su resolución indica: "En definitiva, es prolija la legislación que prevé las garantías que deben otorgarse al cliente, especial y particularmente al minorista, exigiendo que la entidad ofrezca una información general sobre la empresa de inversión y los servicios que presta, información suficientemente pormenorizada sobre el tipo concreto de producto financiero, e información sobre los costes y gastos que el cliente deba pagar. A partir de ahí, el cliente deberá disponer de tiempo suficiente para leer y comprender la información antes de adoptar cualquier decisión de inversión. Resultando necesario, igualmente, obtener la información del cliente a través del denominado test de conveniencia a fin de evaluar los conocimientos y experiencia que tiene para valorar si comprende y asume los riesgos inherentes al producto que va a contratar, así como que cuando se presten servicios de asesoramiento en materia de inversión y gestión discrecional de carteras, deberá obtenerse del cliente la información necesaria que le permita evaluar la idoneidad de las operaciones recomendadas o de la composición de la cartera gestionada, lo que se lleva a efecto a través del test de idoneidad, dichos test, como hemos dicho, no constan realizados. Tal omisión, tal y como señala el Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 20 de enero de 2014 y 15 de diciembre de 2014 , hace presumir el error que determinó a la parte a considerar que estaba adquiriendo un producto sin riesgo. El error ha de reputarse invalidante al recaer sobre un elemento esencial, el riesgo de la inversión de su pérdida total. Siendo que fue el comportamiento de la entidad el que ha generado en el cliente el error esencial sobre las condiciones de lo adquirido, este error es excusable en el sentido apuntado por la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2006 , y en consecuencia procede declarar la nulidad de las ordenes de compra". A ello añadiremos únicamente, en primer lugar, con relación a la pretendida similitud entre cuotas participativas y acciones, que tal equiparación es negada por el propio tríptico que la demandada trae a colación en defensa de sus intereses, al especificar el mismo que " Las cuotas participativas son instrumentos de mayor complejidad que las acciones", por lo que mal puede concluirse que el demandante tenía conocimientos y experiencia inversora suficiente como para comprender lo que contrataba por el hecho de haber adquirido antes acciones. Y en segundo lugar, ninguna referencia se hace en el escrito de contestación a otro de los elementos en los que la demanda basa el error padecido, en concreto, que ninguna información ofrecía el citado tríptico sobre la solvencia de la entidad emisora, siendo que la información que sobre tal extremo arrojaban las cuentas de la entidad no reflejaba el estado real de la misma".

 

 

 

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