Martes, Junio 25, 2019
   
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Un año de cárcel por los numerosos electrodomésticos que desaparecieron en dos urbanizaciones

La Fiscalía solicitaba, inicialmente, que fuera condenado a tres años de prisión, mientras que la acusación particular reclamaba un año más. A esa propuesta se sumaban unos cincuenta mil euros de responsabilidad civil, pues se le acusaba de haberse llevado de dos complejos de apartamentos de Polaris World un total de 30 televisores, 15 hornos, 11 lavadoras de secado, 9 frigoríficos, 6 microondas, 6 lavavajillas, pacas de vitrocerámita y entre otros objetos, 10 cajas fuertas, mesas y cuadros. Estuvo defendido en el proceso por el abogado Pedro Madrid Briones (en al foto adjunta), quedando la condena en un años de prisión y el pago de 890 euros.



Este asunto tuvo su origen en el año 2011 y en su inicio eran dos personas las investigadas, pero una de ellas falleció durante la instrucción, quedando como uno encausado JMR, vecino de Cartagena.

Los encargados de los complejos de apartamentos de Polaris Word en Pozuelo y de la Sociedad Royal Real State SL detectaron la desaparición de numerosos objetos, algunos de los cuales fueron vendidos en establecimientos de segunda mano, sospechando que los responsables eran las dos personas aludidas, quienes trabajaban en labores de mantenimiento en la urbanización.

JMR ha tenido como defensor de sus derechos en este proceso a Pedro Madrid Briones, del despacho Madrid Abogados, quien sostenía que las huellas de su cliente por las que se sostenía la acusación estaban generados por el ejercicio de sus labores de mantenimiento. Finalmente, el asunto llegó a la sala de vistas del juzgado de Lo Penal número 3 de Cartagena por un presunto delito continuado de robo con fuerza, pero no llegó a celebrarse el juicio al fructificar, tras intensas conversaciones y reunión, un acuerdo entre el ministerio público y la defensa para plantear una sentencia de conformidad.

El acuerdo final fue de dejar la pena de prisión en un año tras aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial (no imputables al investigado) en la modalidad de muy cualificads, más el pago de 890 euros como responsabilidad civil. 

 

 

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