Martes, Noviembre 19, 2019
   
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Condenada Jazztel Telecom por una oferta que no cumplió

Un matrimonio de Cartagena contrató una promoción que recibió por correo electrónico de la compañía. Sin embargo, la primera factura que recibió se elevaba a 338 euros cuando debía ser de 66. Al ver que no prosperaba su queja, recurrió al abogado Pablo Madrid Briones (en la foto adjunta), quien inició un procedimiento judicial que derivó en la sentencia favorable del juzgado de Primera Instancia número 5. La empresa, ahora perteneciente a Orange, no ha ejecutado la misma al considerar que no le es posible y ahora se enfrenta a la petición de una indemnización.


Recibir ofertas de compañías telefónicas es algo muy familiar para la mayoría de los ciudadanos. Unas veces se les hace caso omiso y otras se contratan, como ha sido el caso de un matrimonio que contrató la entonces promoción denominada 'Paquete familiar Jazzbox'. Hasta ahí todo normal. La sorpresa y el digusto llegó con la primera factura, que en lugar de los 66 euros contratados vía grabación telefónica se disparaba a 338 euros. Llaman a la compañía y expresan su queja, pero no obtienen resultados, por lo que optan por devolver el recibo, reaccionando la empresa con la inclusión de sus nuevos clientes en la lista de morosos y suprimiéndoles los servicios.

La pareja opta por buscar asesoramiento legal, acudiendo al despacho Madrid Abogados. El siguiente paso fue la presentación en el mes de diciembre de 2015 de una demanda en la que se pide que se cumpla íntegramente las condiciones pactadas, que se anule la factura emitida y la exclusión de la titular de la línea del fichero de morosidad.

El magistrado Fernando Madrid, en septiembre de 2017, da la razón a la parte actora después de que la empresa, pese a decir que esa oferta no la efectuó, no presentase la grabación del contrato alegando que la había extraviado. Cabe apuntar en estos casos que dicha grabación sólo obra en poder de una de las partes contratantes y es la que tiene obligación de aportarla. El juez consideró que la difusión de una oferta vincular a la empresa que la emite y fue condenada con las peticiones presentadas por el abogado Pablo Madrid Briones, es decir, estableciendo como importe de la factura la de 66 euros y obligado a que se restablezcan las líneas telefónicas, ADSL y otros servicios, además de sacar a la titular de su situación de morosa.

La sentencia no fue recurrida, pero el conflicto surge en su ejecución, que al no darse efectivo cumplimiento tras transcurrir el plazo establecido genera una nueva demanda judicial. La empresa de telefonía, que ha pasado a pertenecer a Orange, expone que los números de los teléfonos están adjudicados a otras personas y que no pueden llevar a cabo lo que determina el fallo judicial, ofreciendo dos nuevas líneas. El matrimonio no acepta y nuevamente se pronuncia el juez, que confirma la obligación de la sentencia, condenando en costas a la telefónica. El auto es recurrido ante la Audiencia Provincial, que lo desestima y nuevamente fija una condena de pago de costas judiciales.  

Curiosamente, el matrimonio había optado por exigir sus derechos por la vía judicial pese a tener muchos riesgos, pues era una demanda antieconómica, pues caso de no ganarla le suponía más gastos además del recibo de 338 euros. Sin embargo, el asunto ha tenido finalmente un efecto totalmente opuesto, pues la telefónica, por no ceder en una diferencia de factura de menos de trescientos euros, ahora le cuesta varios miles de euros por las costas judiciales.

Han pasado veintiséis meses desde la sentencia y la situación sigue igual. Orange expone que ahora es otra empresa y que le es imposible cumplir con una oferta obsoleta y quitar los números de teléfonos a sus nuevos titulares. "Al no producirse una solución que satisfaga a mis clientes, vamos a ejercer nuestro derecho a una indemnización por daños y perjuicios, lo que se debatirá en una nueva vista", manifiesta el letrado Pablo Madrid Briones. En ese acto, la empresa deberá acreditar que no puede cumplir con la sentencia y es entonces cuando la parte perjudicada puede solicitar, de forma subsidiaria, una indemnización.

 

 

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