Lunes, Septiembre 24, 2018
   
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Portmán: ¡Ya está bien!

Portmán dicen que será una hermosa bahía. Puede ser. Lo único seguro es que es un magnífico 'campo de batalla' político y que son veintiún años de (casi) nada. 'Obras son amores y no buenas razones' dice el refrán, en referencia de que las buenas palabras deben ir acompañadas de hechos. En el caso de Portmán hay muchísimo 'desamor'.

Además de las informaciones que publicamos en La Unión de Hoy, ayer tuve la ocasión de escuchar en Ser Cartagena al secretario general del PSOE, Rafael González Tovar, y al alcalde del gobierno del PP en La Unión, Francisco Bernabé. Esto es como un juicio. Escuchas a uno y todo lo que dice te parece que puede ser cierto. Escuchas al otro y sucede lo mismo. Eso es la política, pero para la ciudadanía son sólo esas palabras como las que vienen escuchando desde hace 21 años y que han provocado mucho escepticismo en este asunto. Vamos, que si finalmente el proyecto de la regeneración de la bahía sale adelante, más de uno tendrá que restregarse los ojos. Esa falta de fe no es culpa de los vecinos, en absoluto. La responsabilidad es de todos los que han abierto la boca y han bajado los brazos en este tiempo, una postura que no sólo tiene un color, políticamente hablando, pues por el municipio han pasado el rojo y el azul, al igual que por el gobierno de España, mientras que a nivel autonómico han sido dos décadas azuladas.

González Tovar critica que esté paralizada la licitación y proclama que ya debería estar invertida la parte de la inversión que corresponde a la Comunidad Autónoma. Portmán se para, pero no el macropuerto de El Gorguel. "Entendemos que son proyectos incompatibles y esta paralización da a entender por dónde va el gobierno regional", dijo, además de culpar al PP y defender lo que hace el PSOE. Lo mismo sucede cuando habla Bernabé, pero cambiando de ubicación dardos y flores. La primera autoridad local asegura que las obras empezarán en 2013, que hay destinados 35 millones de euros para tres años y que la segunda fase se desarrollará entre los años 2016 y 2017.

Estoy de acuerdo es en una frase vertida ayer por Bernabé: "Ya está bien de esperas", pero ahí me paro, pues un servidor ya forma parte del gran ejército de vecinos que se han integrado en el 'club de Santo Tomás', es decir: "Si no lo veo, no lo creo". Los políticos han sido los que provocaron la pérdida de fe y dejar muy arrinconada la esperanza, por lo que ellos son los que deben enmendar la situación. Obras son amores.

 

Tasas para una barrera social

Las 'tasas de Gallardón' están más que cerca después de que Senado y Congreso rechazasen las enmiendas presentadas por la oposición al controvertido proyecto. Es decir, pronto tendremos ciudadanos con capacidad de recurrir sentencias y ciudadanos sin capacidad de hacerlo. Esto, para la Justicia, es muy negativo.

El ministro, como es lógico, argumenta esta medida. Por un lado destaca que el sistema judicial español está saturado por un exceso de litigiosidad (curioso, pues no hacen mucho invitaban a los ciudadanos a solucionar sus conflictos por la vía judicial) y que estas tasas pueden disuadir a los que hacen uso del recurso para dilatar un proceso judicial. Por otro, asegura que el dinero ingresado ayudará el servicio de Justicia Gratuita, que tiene muchos problemas en algunas comunidades autónomas. Además, anuncia que podrán hacer uso de este servicio aquellos que ganen hasta 15.975 euros al año, elevando el listón que estaba situado en 14.910 euros.

En este mundo, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Dicho esto, es evidente que Gallardón ha utilizado un prisma de economista, pues prevé ingresar 300 millones al año). Además, son muchos los casos de reclamaciones contra la Administración en la que le dan la razón al ciudadano (lo he vivido en mis carnes), pero le indican que no pagarán hasta que no tengan una sentencia que les obligue, por lo que además del dinero que se ingresa está el dinero que se ahorran.

Es evidente que los únicos que no se verán afectados serán las clases pudientes. El resto, es decir, la mayoría de españolitos tendrán que rezar para que el juez de turno no se equivoque en primera instancia para no tener que recurrir. Una sentencia es el resultado de una fórmula en la que una persona aplica una Ley. Lo segundo puede ser perfecto, pero lo primero (la persona), no siempre lo es, pues, por fortuna, somos humanos.

Los partidos de la oposición aseguran que las nuevas tasas no son constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un duro informe en contra (vulnera la tutela efectiva y son desproporcionadas, exponen), también se han expresado contrarios los procuradores y abogados… Me da a mí que van a quedar ahí.

Valgan algunos ejemplos. El primero, un asunto laboral. Un trabajador que no esté conforme con la primera sentencia de juez de Lo Social todavía puede recurrir sin costo alguno. Con las 'tasas Gallardón' debe tener 500 euros para no resignarse, por lo que si los trabajadores viven un tiempo en los que están perdiendo sus derechos de forma sistemática, acabarán por quedarse hasta sin el 'derecho al pataleo'. En asuntos civiles, como pudiera ser una sentencia de divorcio, o un contencioso hay que tener 800 euros (ahora cuesta 300) para seguir adelante. El cuadro adjunto extraído de El País lo refleja bien claro.

¿Afinarán más los jueces en primera instancia? No creo, pues ya lo hacen o, cuanto lo menos, lo intentan. Si tenemos en cuenta que, para la clase media (ni pudientes ni con derecho a la Justicia Gratuita), cuyo poder adquisitivo va en caída libre, entrar en la vía judicial ya es de por sí caro (el propio Gallardón reconoce que tener abogado y procurador es más caro), el 'muro' que se está levantado es de lo más injusto por mucho ministro de Justicia que haya parido este proyecto.

 

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