Jueves, Julio 18, 2019
   
Texto

A los señores gerentes del Área II

Nos parece maravilloso que expresen su sentir respecto a la acción ciudadana de ayer en el hospital Santa Lucía. En democracia, de eso se trata. Ahora, que no consideren interlocutores válidos a unos pocos ciudadanos que, simplemente, comunican al resto su sentir y parecer respecto a la penosa situación que estamos viviendo muchisimos de nosotros, debido, entre otras cosas, a su pésima gestión de las necesidades sanitarias de esta zona, me parece, cuando menos, cínica.

¿Quieren que los dejen tranquilos? Déjemos vivir en paz. ¿Quieren que hayan un correcto funcionamiento en sus hospitales y centros de salud? Permitan que funcione como Dios manda. No desmantelen ni recorten servicios tan necesarios.

¿No quieren oir algún insulto que otro? Pués no nos insulten con su prepotencia, frialdad y pésima gestión. Su grave irresponsabilidad los desautoriza automáticamente como interlocutores válidos ante una ciudadanía cansada y agarrotada por la presión y el miedo. Y si no, observen a trabajadores, usuarios, a gente que sufre, cada día, las consecuencias de sus decisiones, tomadas en despachos, a sus espaldas.

Si son incapaces de ver este tipo de acciones ciudadanas de protesta en un contexto más amplio, como el drama que viven miles de familias sin casa y pasando hambre, por ejemplo, es que ustedes o no son de este planeta o simplemente prefieren mirar a otro lado, para no incomodarse.

Pues bien, su comodidad y su tren de vida salen de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo. De muchisimos médicos de esta ciudad y algunos más de esta región, de ahí para arriba (jefes de servicio, de área, del SMS, etc.) no vemos solidaridad, ni apoyo en las calles, ni en sus centros de trabajo, por los derechos básicos de los usuarios. No veo a toda esta gente defender la calidad asistencial de sus pacientes como algo prioritario.

Setenta mil firmas, dos multitudinarias manifestaciones, ciento ocho días de acampada ciudadana en la misma entrada del Rosell, 18 dias de huelga de hambre, encadenamientos, encierros,  concentraciones, saturaciones en Santa Lucía, entre otros, demuestran nuestro parecer a la parte que les toca en la administración de este desastre.

Asi que, entérense que, como ciudadanos responsables que somos, tenemos el derecho y el deber de garantizar el buen funcionamiento de nuestra sanidad, que para eso la pagamos, y muy caro últimamente, entre todos.

Ustedes han demostrado con su indiferencia y su intencionada sordera no estar capacitados para ser interlocutores válidos ante esta ciudadanía afectada por su irresponsabilidad. En otras palabras, esto no va con ustedes, no se enfaden, no es personal, su inutilidad funcional los desacredita y desautoriza por completo.

Queremos hablar con la señora Catalina Lorenzo y el señor Garre, que, como máximos responsables de este caos sanitario que sufrimos muchos ciudadanos y usuarios de éste SMS. Tenemos el derecho y, repito, el deber de pedir explicaciones claras, sencillas, y con datos contrastables en la mano. En otras palabras, les invitamos a que hagan su trabajo.

Sin otro menester que aclarar este asunto comunicativo, les saluda Ciudadano Qué.

 

Once años de paciencia, ¿cuántos más?

Eran años donde ellos, nuestros políticos, estaban cuajando su impunidad y, llegaron a pensar que los nuevos euros, el dinero, podía, absolutamente, con todo. Las urnas se abrían y, con cuatro promesas incumplidas, cualquiera, tan solo respetando a la “familia política”, su forma de vestir, repitiendo sus frases hechas y dejándose ver en los mismos oratorios, le esperaba una existencia campeando sobre la ley, que la podría aplicar a su interés y antojo sobre un pueblo que, aparentemente, solo estaba preocupado en contar sus euros.

Por eso, basados en su impunidad, entre langostino y langostino, se reían a mandíbula batiente cuando algún particular o alguna organización iba a los juzgados, precisamente controlados por ellos, a demandar ciertas cosas: muchas cosas y aspectos ilegales que ellos adornaban en sus tapas con euros, de una riqueza de trabuco y recodo de camino.

En Cartagena, una vez tras otra las urnas vomitaban lo mismo: gente engominada; gente que, sabiendo ellos que atendiendo bien atendido a cuatro chorradas locales y a cuatro pichicomas que les va y mucho el figureteo; teniendo bajo control los medios de comunicación, se podían hacer las felanías que fueran de necesidad para las arcas “familiares”, y nadie, absolutamente nadie abriría la boca para protestar por fuera de las protesta organizadas desde el propio Ayuntamiento, con polémicas servidas en bandejas municipales.

Así se llega en Cartagena a un poderío urbanístico podrido, donde la ley, que está hecha de lata de embudo, se acopla o se le ignora y, si algún “amigo” entiende que un lugar puede ser un buen solar para edificar, sea monte sagrado o no, su entendimiento, apetencia o gusto, estará muy por encima de ordenamiento legal vigente, y se construirá por encima de todo y de todos.

Pero he aquí que toda la baraja no son ases; que todavía queda gente que entiende que las leyes hay que cumplirlas; que hay que respetar el medio ambiente y cuidar la herencia terrenal recibida y entregársela en mano a los que vienen por detrás en el estado de salud lo mejor posible.

Había tres fabricas urbanas, Peñarroya, Potasas y Derivados y Española del Zinc. A la hora de envenenar a la población, cualquiera de las tres podía llevarse la palma, y todas tenían en común que bajo sus humos contaminantes, la enfermedad campeaba, y al margen de que muy pocos de que sus empleados murieron de viejos, los vecinos de su entorno no necesitaban del tabaco para agarrar un cáncer, porque lo tenían de gratis en su medio ambiente, sin necesidad de pasar por el estanco.

Eran tiempos muy activos de vencedores y vencidos, de amos y pueblo; de ajo y agua. Y entre jornales de enfermedad y cáncer, no por presiones vecinales sino por acomodos de los mercados, las tres fabricas urbanas cartageneras dejaron de echar humo por su malditas chimeneas, algunas de las cuales simbolizan actualmente la ciudad, y cerraron sus puertas sin que por fuera de los puros jornales, se vieran las ventajas de estar abiertas a contaminar si límite.

Pero si decimos que lo pasado, pasado está, cuando por imperativos de los mercados una a una  las tres fábricas asesinas de la calidad ambiental cartagenera cerraron su mugrientas puertas, lógico hubiese sido que sus solares, sus dependencias, se hubiesen saneado, descontaminado por parte de los que por tiempo, por no ser entidades sin ánimo de lucro, se lucraron con sus productos a despecho de tener toda una ciudad catalogada como la más contaminada de España, y ocupando un lugar a la cabeza en el ranking mundial de ciudades donde la enfermedad convive más a la mano con los vecinos.

Han pasado los años, los suelos de las tres fábricas están ahí, llenos de contaminantes metales pesados, de fosfoyesos, de cánceres y de desidias, y, el ayuntamiento cartagenero, contraviniendo toda ley, toda lógica ambiental, en vez de centrar su faena en exigir a los dueños de los terrenos y los escombros que descontaminen de inmediato, se dedica con esmero a multar a todo aquel vecino que, prostático o no, ose orinar en la calle, y mira sin darle importancia alguna a que los índices de cánceres se multipliquen por mucho en la ciudad, en número todavía no preocupante porque a nivel político, imputaciones aparte, Cartagena está preparada urbanisticamente para construir casas sobres suelos contaminados, asesinos, que matan poco a poco, no como un tiro de rifle. Y aunque la ley tajantemente prohíba aprobar en definitiva planes parciales para edificar sobre terrenos contaminados, el Ayuntamiento de Cartagena, haciendo caso omiso de informes técnicos que denuncian la existencia de materias asesinas para la salud, entiende que tiene mayoría y silencio político para hacer lo que le venga en gana.

 

¿Cuántos años más faltan para descontaminar los suelos?

 

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