Jueves, Diciembre 12, 2019
   
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Donaciones con premio fiscal

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido al Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que ayude al Gobierno a informar a los contribuyentes de que "pagarán menos impuestos si aumentan sus donaciones a las ONG" tras la reforma de la nueva Ley del Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas (IRPF).

"Me parece relevante insistir, y en este sentido pido la colaboración del CERMI, en la difusión de los incentivos fiscales, que ya están vigentes en este ejercicio, y que no son muy conocidos por los contribuyentes", ha afirmado el titular de Hacienda en declaraciones a los medios, antes de participar en el encuentro con los representantes de esta organización.

Según ha explicado, con la ley del IRPF se incrementa el porcentaje de "fidelidad" de los contribuyentes, de manera que si se comprometen con una ONG durante al menos tres ejercicios, la deducción aumenta del 25 al 30 por ciento. "Son novedades del IRPF que hay que difundir estos días", ha insistido.

También ha destacado que el nuevo IRPF presenta elevaciones de mínimos exentos en materia de discapacidad y ha dicho que es "más que justo" y "equitativo" que contemple también como impuesto negativo sobre la renta cien euros al mes para aquellos contribuyentes con descendientes o ascendentes con discapacidad a su cargo.

Montoro ha recordado que el pago a proveedores puesto en marcha esta Legislatura por el Gobierno ha permitido movilizar 2.700 millones de euros para pagar también a las organizaciones que desarrollan una labor social en favor de las personas con discapacidad.

 

Admisión por la ONU de denuncia por discriminación

Naciones Unidas ha admitido a trámite la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la situación de discriminación de un guardia urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de la primera vez en la que España ha sido denunciada ante la ONU por  falta de igualdad de las personas con discapacidad.

La queja parte del caso de Vicenç Flores Calero, funcionario de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que en 2009 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad, por la que le fue reconocida una situación de incapacidad permanente total laboral para el desempeño de su profesión. Pidió pasar a segunda actividad, pero la solicitud le fue denegada judicial y administrativamente al afectado.

Tras la admisión a trámite del escrito, Vicenç Flores ha mostrado su “alegría, porque ya es positivo el hecho de que te escuchen y de que la ONU vaya a tener que pronunciarse, aunque el camino es largo y todavía no ha terminado”. Además, ha lamentado que haya muchos ayuntamientos en toda España que actúen de la misma manera, y ha mostrado su deseo de que el nuevo Gobierno municipal de la Ciudad Condal modifique la normativa que ampara estos casos de flagrante discriminación.

Por su parte, la delegada del Cermi para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para los Derechos Humanos, Leonor Lidón Heras, que ha trabajado de forma permanente en la denuncia de este caso, ha comentado que “es una satisfacción muy importante a nivel profesional y personal que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad vaya a tener que pronunciarse sobre este asunto, lo que es muy relevante para quienes luchamos por la defensa de los derechos humanos”.

En todo caso, el CERMI explicó en su denuncia que esta situación de discriminación que ha sufrido este miembro de la Guardia Urbana no es exclusivo de Barcelona, recordando que se han registrado situaciones similares en Figueres, Hospitalet de Llobregat y Granollers, amén de un mozo de escuadra (policía autonómico catalán) al que se le denegó también el pase a segunda actividad justificada por incapacidad permanente.

Ante este escenario, el CERMI advierte de que se está produciendo una situación de desprotección de los policías locales que adquieren una discapacidad, que ven vulnerados sus derechos como personas con discapacidad a no ser excluidos ni discriminados por este motivo en su permanencia en la actividad laboral, debiendo realizar las administraciones los ajustes razonables para permitir esta continuidad.

Por ello, la entidad espera que el inicio de este procedimiento sirva para obligar al Estado español y a la Comunidad Autónoma de Cataluña a cambiar su normativa y corregir sus prácticas discriminatorias por razón de discapacidad. Por el momento, saluda que se vaya a estudiar este caso, hecho que es difícil de conseguir, pues  la ONU recibe muchas denuncias en amparo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en 2010 fueron aceptados sólo tres casos; en 2011 fueron cinco; en 2012 dos, y en 2013 y 2014 se admitieron a trámite nueve.

A partir de ahora, el Estado español cuenta con seis meses de plazo para hacer las alegaciones que considere oportunas, a las que podrá responder también la parte denunciante.

Recordar a todos que precisamente Leonor Lidón Heras ha estado esta mañana como ponente en la Jornada de Formación que a partir de las 9,30 horas se celebrará en el Colegio de abogados de Cartagena.

 

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