El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio Fiscal a perseguir penalmente por delito de odio a los autores de las pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en el colegio Juan XXIII de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

A juicio del CERMI, se trata de una conducta criminal inspirada en el odio hacia un grupo social, en este caso las personas con discapacidad, a las que se las desprecia mediante mensajes hostiles e intimidantes que generan miedo, perturban gravemente su tranquilidad y comprometen el ejercicio pacífico de sus derechos constitucionales.

La actuación es más reprochable si cabe por cuanto va dirigida contra una comunidad escolar integrada por jóvenes y niños y niñas con discapacidad, que han de ser más intensamente protegidos contra cualquier ataque u hostigamiento movido por el odio.

El CERMI ha pedido a la Fiscalía General que extreme el celo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad contra las agresiones basadas en el odio, ya que son un grupo social más expuesto a estas conductas reprobables.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado en forma de libro un año más, el octavo, el informe completo de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

Este informe se elabora en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatuto reconocido oficialmente al CERMI por el Estado español.

El informe, a través de una metodología rigurosa, describe, valora y evidencia el estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. En él se muestra que la gran brecha en el cumplimiento de los mandatos de la Convención son la falta de voluntad política de los poderes públicos, así como la insuficiente toma de conciencia por parte de todas las partes concernidas, pese a que España fue uno de los primeros países en firmar y ratificar este tratado internacional de derechos humanos.

En el año 2015, se patentizan vulneraciones flagrantes ya denunciadas anteriormente, que se reiteran contumazmente, como la esterilización forzosa, la negación de derechos políticos y de participación, la ausencia de la educación inclusiva, las gravísimas carencias en materia de accesibilidad, la no garantía del derecho a la inclusión en la comunidad y a llevar una vida independiente, o la no adecuación de la legislación civil a los mandatos relativos al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

Como documentación de interés, el informe incluye un apartado sobre el trabajo de Naciones Unidas en materia de discapacidad o la actividad del CERMI ante Naciones Unidas.

En el año del décimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora en 2016, queda de manifiesto sin ambages la tarea ingente aún pendiente para que los hombres y mujeres con discapacidad en España accedan y ejerciten los derechos humanos con la misma intensidad y alcance que el resto de miembros de la comunidad.