Viernes, Noviembre 15, 2019
   
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CERMI y nueva consejera

El Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad en la Región de Murcia (CERMI RM) mantuvo una reunión con la nueva consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, en la que se han puesto sobre la mesa los principales asuntos que deben abordarse de forma práctica en la legislatura que acaba de comenzar.

Al encuentro, que se  celebró en la sede regional del CERMI, asistió la consejera acompañada por su nuevo equipo: la secretaria general Sandra Martínez Navarro, el director gerente del Instituto Murciano de atención Social (IMAS), Miguel Ángel  Miralles González, la directora general de Discapacidad, Ana Guijarro Martínez, la directora general de Familia y Políticas Sociales, Verónica López García y la directora general de Mujer, Alicia Barquero Sánchez.

En la reunión de trabajo se trataron numerosos temas que afectan de forma directa tanto a las Familias como a las Personas que viven con algún tipo de Discapacidad en la Comunidad Autónoma, entre los que destaca la necesidad de impulsar una mayor transversalidad en las políticas de atención a las Personas con Discapacidad y el reconocimiento de que discapacidad y dependencia no son sinónimos.

Asimismo, desde el CERMI se ha trasladado la importancia de que las Personas con Discapacidad tengan un mayor peso en los espacios de toma de decisión, habiéndose comprometido la Consejera a hacer de los consejos unos espacios más activos y operativos. En este sentido, el CERMI ha recordado también su demanda de que se constituya una Comisión Especial de Discapacidad en la Asamblea Regional.

Durante el citado encuentro, se analizaron temas como  la relevancia de que  se apruebe la Ley de Accesibilidad Universal, convirtiendo el borrador actual en una normativa que realmente cubra las necesidades del colectivo de personas con discapacidad en todos los sectores. También en el ámbito legislativo, el CERMI ha recordado su demanda de que se cree la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, en línea con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La promoción de la autonomía personal fue otro de los puntos más destacados sobre los que versó el encuentro, sobre todo, la necesidad de que se definan los servicios para los distintos grados, y la urgencia de que a medio plazo desaparezcan las listas de esperas que soportan los demandantes de este tipo de atención en la actualidad.

Por último, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el CERMI RM debatieron sobre la estabilidad financiera que viene reclamando el sector de forma reiterada en los últimos años para poder seguir brindando su apoyo a las personas que lo necesitan, para lo que es preciso que se impulse el denominado ‘contrato social’. En este sentido, Violante Tomás se ha comprometido a adaptar la normativa de la región a la legalidad europea.

 

Juego ilegal

El movimiento social de la discapacidad representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad  insta a todas las Administraciones públicas a  que dentro del ámbito de sus competencias actúen con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad, pero que en realidad suponen un fraude a los consumidores y dañan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social como el de la ONCE.

El CERMI denuncia la tolerancia culpable de los poderes públicos -estatal y territoriales- con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz.

Ante esta generalizada inactividad de las Administraciones, el CERMI recuerda el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables.

En especial, el movimiento organizado de la discapacidad emplaza a las Administraciones a clausurar y desmantelar a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su absoluta ilegalidad y que no obstante sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes.

Para acabar con esta inacción, el CERMI  se adhiere y respalda las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña  “El juego ilegal NO es un juego”.

Tolerar el mantenimiento y expansión como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social.

 

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