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PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

La prostitución sin coacción facilita una sentencia de conformidad

Dos hombres y dos mujeres han sido condenados por los delitos de narcotráfico y de favorecer la inmigración ilegal, pero con pena bastante inferior a lo que la acusación solicitaba en principio al descartarse que las que practicaban sexo con otras personas  en pisos de los barrios cartageneros de San Antón y de Barrio Peral lo hiciesen obligadas.



La sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha acogido el final de un procedimiento abierto contra dos hombres y dos mujeres surgido en una operación policial llevada a cabo en enero de 2019 en dos inmuebles de barrios de la ciudad y que derivó en una instrucción que culminó con los presuntos delitos de favorecer la inmigración ilegal, ejercicio de la prostitución y de drogas, aunque este último capítulo hay que reseñar que fueron muy pequeñas cantidades de cocaína y de pastillas de viagra, posiblemente dirigidas para el consumo de los clientes.

La Fiscalía y la acusación particular, que ha llevado oficio por el letrado Gabriel Álvarez en representación de dos testigos protegidos, pedían inicialmente penas de 11 años para dos mujeres y un hombre y de un año para el otro varón, además de multas económicas.

Antes de comenzar el juicio, han negociado el fiscal José Manuel Marcos y el letrado Gabriel Álvarez con los abogados defensores, José María Caballero y Fermín Guerrero, a quienes se observa en la imagen adjunta. Se ha considerado que no existen suficientes pruebas para mantener el cargo de ejercicio de prostitución bajo coacción, dejando las penas en dos años (año y medio por un delito y medio por el otro) para las dos féminas y un varón, además de multas de dos mil multas de euros para cada uno. Queda por concretar la multa por el valor de la droga incautada. Para el restante la pena queda en una multa.

El presidente del tribunal de la sala, el magistrado Jacinto Aresté, ha preguntado a los cuatro encausados y a sus abogados si estaban de acuerdo con esas condenas, lo que suponía a su vez el reconocimiento de los delitos. Los cuatro han respondido que sí.

Después, Caballero y Guerrero han solicitado la suspensión de la ejecución de las penas de ingreso en prisión para sus clientes, con el condicionante de que no reincidan. El fiscal no se ha opuesto y, previsiblemente, existen muchas posibilidades que así lo refleja la sentencia.  



  

Etiquetas: Cartagena

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