PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

Acusa en sala a la Fiscalía de procesar al exalcade de Torre Pacheco por no ser político afín

García Madrid frente a su letrado durante un receso de la segunda sesión

Pardo Geijo, abogado de Daniel García, ha afirmado durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia por un presunto delito de prevaricación administrativa, que la forma de tramitación que se llevó a cabo es la que siempre se efectuada en el Ayuntamiento y que el ministerio público esperó a que prescribiera en los casos de anteriores responsables porque eran de "su cuerda política". Las defensas defienden la inocencia de los ocho encausados en este proceso.

  • La fiscal sostiene que la adjudicación de contratos vulneró claramente la Ley y que los implicados "buscaron un camino corto para sus intereses". La petición de diez años de inhabilitación para cargo público se mantienen en los casos del exalcalde y del exconcejal y el resto pasan a ser considerados cómplices, solicitándose casi siete meses para el interventor y 6 años para los cinco arquitectos.


  • Noticias relacionadas:

Regresa al banquillo de la Audiencia un exalcalde de Torre Pacheco

"La gestión política es distinta a la administrativa, que corresponde a los funcionarios"




La segunda y última sesión de la vista oral que se ha celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, hacia el exalcalde, el exconcejal de Urbanismo y el exinterventor del ayuntamiento de Torre Pacheco y hacia cinco arquitectos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, se ha iniciado con la declaración del último de los encausados y de los testigos, para después entrar en el capítulo de conclusiones de las partes.

La fiscal Carmen de la Fuente ha efectuado una exposición global de la situación, afirmando que no se ajustaron a la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas los contratos menores establecidos y que se "vulneró el procedimiento administrativo. La Ley es clarísima sobre la adjudicación de contratos de servicios", ha afirmado mientras exponía las irregularidades que estiman que se produjeron en el procedimiento de concesión de obras, además de no considerar equitativo el reparto de contrataciones entre empresas locales. "La Administración no puede contratar de forma verbal porque no es un particular y ese paso se lo saltan y con dinero público. Se trata de una ilegalidad clara y absoluta en todos los contratos", aseveró antes de lanzar la pregunta sobre si los investigados tienen responsabilidad penal, para lo que se requiere intención (dolo). "Todos tenían conocimiento de que había una ley que había que cumplir, pero eligieron un camino corto para su beneficio o intereses, como podía ser conseguir una subvención", afirmó, añadiendo que también existe responsabilidad en los arquitectos "en calidad de cómplices por faltar a las normales esenciales del procedimiento".



Del exalcalde Daniel García Madrid que tenía conocimiento de los procesos, "y más en los casos de arquitectos de reconocido prestigio. Firmó todos los documentos, participó en las juntas de gobierno, etc. Dice que firmaba de forma mecánica... Cuesta creer que la función de un alcalde se limite a inaugurar edificios y tener ideas, pues es quien debe velar por los filtros de la legalidad", ha indicado la representante del ministerio público, añadiendo que el contrato del Museo Regional de Palentología debió someterlo a concurso público y que no le vale que una fórmula de tramitación sea habitual para justificar su acción.

Sobre el exconcejal Santiago Meroño ha indicado que debió buscar un control para garantizar la legalidad y que se basaba "más en unos arquitectos que otros". Sobre el interventor, Miguel P.M. también incide en que era su obligación "el control de la legalidad" y que no vale que autorizara los documentos que habían recibido el visto bueno del concejal. "Coayuda a la comisión del delito, pues era quien mayor conocimiento tenía de la Ley", ha apuntado.

La fiscal ha expuesto después que entre 2005 y 2010 hubo 82 contratos por un montante de 1,653 millones de euros y que en ese período el Ayuntamiento trabajó con 19 arquitectos, siendo los encausados los del 55% de los casos. "Existe una concentración en ellos y una evidente preferencia de unos sobre otros". Tras detallar por qué considera cómplices a estos profesionales, ha concluido diciendo que el procedimiento de tramitación llevado a cabo en Torre Pacheco ("y que también sucede en otros ayuntamientos") no está justificado porque fuera la forma de proceder 'desde siempre': "La persistencia en la ilegalidad no da legalidad a un procedimiento". Ha concluido afirmando que existen "indicios" para condenar penalmente a todos los acusados.

El ministerio público ha invertido más de una hora en sus conclusiones, sucediéndole el abogado defensor de los dos expolíticos investigados, quien también ha ocupado un tiempo amplio en sus razonamientos dentro de una jornada que ha durante unas seis horas.

José Pardo Geijo ha comenzado diciendo que en cincuenta años "no había visto algo como esto, que es sólo una cuestión política. En Torre Pacheco siempre se efectuada este procedimiento en la tramitación y la Fiscalía debía haber incluido a todos, pero esperó a que prescribiera en el caso de los de anteriores gobiernos municipales que son de su 'cuerda política' y que quedasen los no afines. ¿Por qué no se introdujeron en la causa a otros políticos que hicieron lo mismo?", ha dicho, añadiendo que fue en el año 2007 "cuando se politizó la justicia". También ha afirmado que ha sido el ministerio público "el que montó este desaguisado" y ha resaltado que hubo "un juez de instrucción que en nueve meses, y tras tomar declaración a todos, no vio delito. En este proceso hay muchas incongruencias por parte de la Fiscalía. Es un completo dislate". Ha recordado que en 2007 entraron los agentes de la Guardia Civil en la sede municipal "y se llevaron todo, abriéndose procesos por 15 delitos, que luego fueron 7, luego 3 y que 13 años después queda en uno pendiente".

El abogado continuado diciendo que este asunto debía ser considerado "como causa juzgada" y que existe la prescripción en todos los proyectos, "pues las facturas son de 2004 y se tomaron las declaraciones en 2016 y no hay denuncia hasta 2017, con lo que se han superado los diez años". Centrado en el fondo del asunto, ha afirmado que en este caso no hay fraccionamientos de facturas ni elementos sospechosos. "A nadie se le ocurre presentar facturas pequeñas para saltarse la ley, salvo que sea tonto". Respecto a que sus clientes firmaban los documentos en base a que tenían el visto bueno de los funcionarios, ha reiterado que se firma "porque hay confianza en el personal, como sucede en otros trabajos. ¿Cómo se va a sospechar que están mal?, seamos serios", recordadno que una sentencia que exculpaba a un conseller de Catalunya condenaba a los subordinados en una situación similar.

Tras ofrecer interpretaciones distintas sobre las normales y leyes expuestas por la fiscal, ha dicho que sus clientes, aunque existan sentencias anteriores que los condenan, "son completamente inocentes". Rechaza que exista cualquier indicio que involucre a Daniel García, "no existe nada que prueba que contrató a alguien y tampoco hay hojas de encargos. ¿Cómo se puede acusar judicialmente a un alcalde que ha pedido al secretario que informe si puede contratar directamente a dos arquitectos?". Afirma que tampoco se ha probado el dolo, "en absoluto, lo que hubo fue un gran beneficio para Torre Pacheco. Todo esto es injusto".

También se ha referido a las estadísticas sobre contratación de arquitectos. "No valen, pues los asuntos de esta causa son de 2004 a 2007, cuando cambió la Ley, y no son ciertos esos porcentajes". En la recta final ha indicado que si hubiera una condena habría que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

Después le ha tocado el turno a Vicente Pérez Pardo, quien defiende al interventor municipal. También ha comenzado haciendo hincapié de que se trata de una cosa "juzgada y prescrita", para después afirmar que su cliente "estaba exonerado del control de intervención previa por un Pleno del ayuntamiento de Torre Pacheco conforme a la Ley de Haciendas Locales y lo única que tenía que hacer mi cliente era comprobar que existía crédito y que los contratos estaban adjudicados por un órgano adecuado", ha aseverado, remarcando que el artículo 219 de dicha Ley recoge que no tenía que comprobar el procedimiento, "lo cual correspondía al secretario, que era el asesor jurídico de la junta de gobierno". El abogado también ha expresado su sensación de que todo este asunto es "un proceso contra el alcalde en el que se han buscado elementos para cerrar el círculo" y que de ahí la inclusión del interventor.

Han cerrado las defensas de los cinco arquitectos, representados por los abogados Aida Pérez, Antonio Aznar, Francisco Martínez-Escribano, Antonio Jesús Garre y Francisco Nieto. Todo han defendido la prescripción del asunto y la inocencia de sus clientes, reiterando que se limitaron a llevar a cabo unos trabajos y que no son conocedores de las tramitaciones de los organismos municipales.

Ahora, el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, integrado por Jacinto Aresté, Matías Soria y Juan Ángel Pérez deberá resolver con una sentencia que se ubica entre los parámetros expuestos por la acusación y las defensas.

La Fiscalía mantiene las peticiones iniciales de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público hacia el exalcalde Daniel García y el exconcejal Santiago Meroño como autores del delito de prevaricación administrativa. Respecto al resto, modifica la calificación, pasando de autores a cómplices del delito continuado de prevaricación administrativa. Para los cinco arquitectos pide 6 años de inhabilitación, tiempo que se aumenta en 11 meses y 29 días en el caso del interventor la tener antecedentes.

En el supuesto de que se considerase que este procedimiento es una extensión del que tuvo lugar en 2017, pide que las penas impuestas entonces se incrementen en dos años y medio para García y Meroño y en dos años y tres meses para el exinterventor.

Las defensas, por su parte, piden especialmente la absolución de sus clientes, además de que es asunto juzgado y de que lo consideran prescrito.


Imprimir

Sobre Nosotros

  Cartagena de Ley es un periódico de noticias de sucesos, tribunales y tráfico que edita 21DEhoy agenCYA, empresa fundada en el año 2009 que también abarca los diarios digitales cartagenadehoy.com - launiondehoy.com - elalgarlosurrutiasdehoy.com y las revistas de papel El Puente - Tele Pinacho además de otras publicaciones y trabajar para eventos y gabinetes de prensa


21DEhoy agenCYA
cartagenadeley@gmail.com
Telf: 608 489 063

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.